En Argentina, se ha presentado una denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que la justicia de ese país investigue las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, que ocurrieron en Colombia durante su mandato, que abarca desde 2002 hasta 2010.
La querella fue impulsada por familiares y representantes de las víctimas, con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), y se basa en el principio de Jurisdicción Universal. Este principio permite que se investiguen crímenes internacionales, como las asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, sin importar el lugar donde hayan ocurrido.
La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal 2, a cargo del juez instructor Sebastián Ramos. Según el Cajar, esta acción representa un paso histórico en la lucha contra la impunidad en Colombia. Si el juzgado decide investigar a Álvaro Uribe, sería la primera vez que un presidente colombiano es indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales.
Álvaro Uribe respondió a estas acusaciones señalando en su cuenta de X que el “Colectivo de Abogados, el mismo de las falsas víctimas de Mapiripán, el mismo de infamias contra mí durante 30 años, el mismo que se escuda en los Derechos Humanos para proteger la violencia de terroristas supuestamente de izquierda. Ese mismo ahora me denuncia en Argentina”.
Los denunciantes buscan que se investiguen específicamente las 6,402 víctimas de estos graves hechos que ocurrieron durante gran parte de su presidencia. Estos episodios del conflicto armado en Colombia han sido documentados por entidades como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La denuncia fue presentada por 11 víctimas y tres organizaciones, incluyendo el Cajar, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad.
Estas organizaciones están representadas en Argentina por el abogado Máximo Castex, quien cuenta con la asesoría internacional de Bénédict De Moerloose. Argentina fue elegida como el país para presentar la denuncia debido a su aplicación del principio de jurisdicción universal y su experiencia en casos similares que involucran crímenes de Estado.
