El Concejo de Armenia reafirmó su compromiso de defender los intereses de los ciudadanos afectados por las irregularidades en los proyectos de vivienda de más de 10 constructoras intervenidas por la administración local.
En una reciente sesión, los concejales discutieron estrategias para abordar esta compleja situación que ha dejado a numerosos armenios en una posición vulnerable. El concejal Fernando Lasprilla propuso avanzar en el proceso de la comisión accidental, enfocándose ahora en escuchar directamente a los afectados para buscar soluciones efectivas.
Germán Grisales, miembro de la comisión accidental creada en febrero, enfatizó el deber constitucional del Concejo de ejercer control político sobre el uso del suelo y la vigilancia de las constructoras. Citó el Artículo 313 de la Constitución Política y el Acuerdo 167 de 2020, que otorga amplias facultades a los agentes especiales para recuperar dineros o escrituras de los usuarios afectados.
Por su parte, el concejal Cristhian Fernández subrayó la responsabilidad ineludible de los concejales y la administración municipal de proteger a los ciudadanos, calificándolo como un mandato constitucional que no puede ser ignorado.
Esta crisis inmobiliaria ha puesto de manifiesto la necesidad de una supervisión más estricta en el sector de la construcción en Armenia. El Concejo Municipal se mantiene firme en su determinación de buscar soluciones y garantizar que se haga justicia para los ciudadanos afectados por estas irregularidades en los proyectos de vivienda.
Uno de los casos
Dila Viviana Moreno, representante legal del Conjunto Residencial y Comercial Cibeles, expresó su preocupación por la situación actual que enfrenta la comunidad debido a la intervención en el conjunto. “Cibeles tiene 751 unidades privadas, donde habitan 3 mil personas, y la problemática de la intervención viene con un solo propósito: lograr que la intervención no nos afecte más”, afirmó Moreno.
Moreno explicó que, aunque en algunos casos la intervención puede ser útil, en Cibeles ha generado más problemas que soluciones. “Tenemos más de 37 familias que están esperando que les escrituren sus apartamentos, pero el interventor les está pidiendo sumas adicionales de 35, 40 y hasta 45 millones de pesos para poder hacerlo. Es decir, la gente compró sus apartamentos en 110 millones, está pagando sus créditos hipotecarios, y ahora se les exige un dinero extra que no tienen. No es justo que, en medio de la difícil situación económica que atraviesa el país, estas familias se vean obligadas a pagar más”, señaló.
La representante legal destacó que la intervención debía garantizar los derechos fundamentales de los propietarios, no perjudicarlos financieramente. “Si la alcaldía municipal, a través de la dirección de planeación, nombró un interventor, es para que se garantice el cumplimiento de nuestros derechos, no para sacarnos más dinero. Por eso, es crucial que en la comisión accidental creada para abordar estos temas se incluyan a los representantes de la comunidad y a los líderes comunitarios, como los administradores y los miembros del consejo municipal de propiedad horizontal”, enfatizó.
La intervención llegó debido a los incumplimientos de la constructora Geocasa Maestra, pero según Moreno, no se realizó un diagnóstico previo adecuado. “No en todos los casos una intervención es la solución. En el proyecto de Cibeles, el 90% de la obra ya está ejecutada, y estamos en proceso de entregar los apartamentos, pero el interventor nos está poniendo obstáculos. Si no les damos más dinero, no nos escrituran, y si no nos escrituran, nos devuelven hasta un 30% de lo que ya pagamos. Además, el interventor decide autónomamente el orden de los reclamantes”, explicó.
Moreno también mencionó la angustia que la intervención ha causado a los residentes. “He visto a gente llorar porque comenzaron embargos en sus propiedades. Hace unos meses, un banco embargó un apartamento y nombró un secuestre, cambiaron las cerraduras y sacaron a las personas de sus hogares. Como administradora, es una situación que lamento profundamente. Por eso he tomado la iniciativa de buscar la intervención de los organismos de control, como la Personería y la Defensoría, para que nos apoyen y se agilicen las escrituras”, manifestó.
En cuanto a la movilidad, Moreno destacó un problema adicional relacionado con el lote contiguo al conjunto Cibeles, donde se planeaba desarrollar una torre de parqueaderos y áreas sociales para los propietarios. “Actualmente, el lote está siendo intervenido, y necesitamos claridad sobre si quedará adjudicado a la copropiedad para poder resolver los problemas de parqueaderos. Es crucial que esta situación se aclare lo antes posible”, concluyó.
