El Juzgado Quinto Administrativo del circuito de Armenia emitió una orden de congelación de cuentas al Ministerio de Trabajo por un incumplimiento de pago hacia 109 maestros del departamento de Quindío, por un total de $35.000 millones. La medida judicial, emitida el pasado viernes 1 de marzo, establece que el Ministerio de Trabajo, a través del Fondo de Pensiones Públicas (Fopep), debe saldar las obligaciones pendientes con los docentes, las cuales se remontan a finales de 2014.
La ministra Gloria Inés Ramírez ya ha solicitado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) un informe detallado sobre el reconocimiento y la reliquidación de las pensiones de los 109 maestros afectados. Aunque se espera que la Unidad determine los montos exactos adeudados y proceda con los pagos correspondientes, el Ministerio sostiene que se trata de una deuda acumulada durante una década.
En su comunicado a la Unidad, la ministra Ramírez recuerda que desde marzo de 2019 se ha estado solicitando información sobre el cumplimiento de la sentencia que originó el reclamo de los docentes y el posterior embargo de las cuentas. El Ministerio aguarda la respuesta de la Unidad. El embargo inicial de las cuentas del Ministerio de Trabajo y el Fopep es por un monto de $12.825 millones, que representa una fracción de la deuda total de $35.000 millones. Sin embargo, este valor podría aumentar debido a los intereses generados durante casi una década de retrasos en los pagos. Se espera que el banco Davivienda proceda con el embargo de la cuenta del Ministerio del Trabajo en primer lugar, como medida cautelar.
El Juzgado Quinto Administrativo del circuito de Armenia emitió una orden de congelación de cuentas al Ministerio de Trabajo por un incumplimiento de pago hacia 109 maestros del departamento de Quindío, por un total de $35.000 millones. La medida judicial, emitida el pasado viernes 1 de marzo, establece que el Ministerio de Trabajo, a través del Fondo de Pensiones Públicas (Fopep), debe saldar las obligaciones pendientes con los docentes, las cuales se remontan a finales de 2014.
La ministra Gloria Inés Ramírez ya ha solicitado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) un informe detallado sobre el reconocimiento y la reliquidación de las pensiones de los 109 maestros afectados. Aunque se espera que la Unidad determine los montos exactos adeudados y proceda con los pagos correspondientes, el Ministerio sostiene que se trata de una deuda acumulada durante una década.
En su comunicado a la Unidad, la ministra Ramírez recuerda que desde marzo de 2019 se ha estado solicitando información sobre el cumplimiento de la sentencia que originó el reclamo de los docentes y el posterior embargo de las cuentas. El Ministerio aguarda la respuesta de la Unidad.
El embargo inicial de las cuentas del Ministerio de Trabajo y el Fopep es por un monto de $12.825 millones, que representa una fracción de la deuda total de $35.000 millones. Sin embargo, este valor podría aumentar debido a los intereses generados durante casi una década de retrasos en los pagos. Se espera que el banco Davivienda proceda con el embargo de la cuenta del Ministerio del Trabajo en primer lugar, como medida cautelar.
