Dos funcionarias de la Gobernación del Quindío, Sandra Milena Zuluaga Rincón y Ana Patricia Díaz Latorre, enfrentan un pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación por presunta corrupción.
Se les acusa de haberse apropiado de más de $100 millones entre ambas, entre 2020 y septiembre de 2023, mediante pagos indebidos por encima de sus salarios.
La investigación indica que, valiéndose de su acceso al sistema de nóminas, manipularon los registros para recibir bonificaciones y salarios adicionales injustificados. Zuluaga Rincón habría recibido más de $79 millones en al menos 30 pagos irregulares, mientras que Díaz Latorre recibió más de $45 millones en 52 pagos irregulares.
Además, se les imputa la alteración de información en el sistema para ocultar estas irregularidades.
La Procuraduría considera estas acciones como faltas disciplinarias gravísimas, cometidas con dolo, violando el principio de moralidad en el servicio público.
