El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha ordenado una serie de pruebas adicionales antes de proceder a calificar el expediente sobre la supuesta violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Ricardo Roa Barragán, quien fuera gerente de la campaña y actualmente lidera Ecopetrol, ya ha comparecido ante el CNE para rendir su versión libre. Entre las transacciones investigadas se encuentra un giro aprobado por la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol, por un valor de 600 millones de pesos. También se está investigando la trazabilidad de cerca de 4.000 millones de pesos para la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS), firma vinculada al llamado narcochofer, Carlos Eduardo Restrepo Osorio.
El CNE y la Fiscalía están indagando sobre un giro de 500 millones de pesos de Fecode, aprobado para la campaña de Petro y que terminó direccionado a la Colombia Humana. Se está verificando un giro similar aprobado por la USO antes de la primera vuelta electoral.
El sindicato USO ha declarado que estos giros se aprueban en todas las campañas para estimular la participación democrática de sus miembros y que están dispuestos a proporcionar toda la información necesaria para aclarar el asunto. Dagoberto Quiroga, representante de la Colombia Humana y actual superintendente de Sociedades, ha afirmado que la partida recibida no ingresó a ese movimiento político.
Además, el CNE ha solicitado a Bancolombia y a Caracol Televisión información relevante para el expediente, incluyendo detalles de consignaciones, servicios prestados y facturas.
El auto del CNE también rechaza la solicitud de escuchar los testimonios de Dagoberto Quiroga y Marco Emilio Hincapié, representantes de Colombia Humana en la época de los hechos investigados. Dichos testimonios fueron solicitados por el magistrado Julio César Ortiz, apoderado de Gustavo Petro. El documento revela que Bejamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) son los magistrados investigadores encargados del caso.
