Después de ocho horas de debate, la Comisión Séptima del Senado de la República hundió el 3 de abril de 2024 la controvertida reforma a la salud. A pesar de haber pasado dos debates en la Cámara de Representantes, la reforma no logró avanzar en el Senado debido a un “enroque” de algunos senadores de la oposición con el respaldo de sus colegas independientes.
Por más de que se intentó dilatar el debate por parte de la bancada oficialista, permitiendo la intervención de un gran número de congresistas ajenos a la votación, finalmente se llevó a cabo.
La votación fue abrumadora: los nueve senadores que habían anunciado su voto a favor de archivar la propuesta ratificaron su posición, lo que llevó al fracaso de una de las principales iniciativas del Ejecutivo, frente a solo cinco votos a favor.
Durante la jornada, se votaron negativamente los impedimentos presentados por los opositores, a pesar del riesgo de ser recusados ante la Comisión de Ética del Senado.
Pese a los esfuerzos del senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, para cambiar la posición de los miembros de la comisión, sus argumentos no tuvieron éxito.
“En el 2022, Keralty donó cientos de millones de pesos a partidos políticos. Keralty es extranjera y es dueña de la EPS Sanitas y otras 20 empresas de salud. Según la ley, los congresistas están impedidos de votar en la Reforma a la Salud”, afirmó el senador oficialista.
Sin embargo, Norma Hurtado, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Lorena Ríos, Nadia Biel Scaff, José Marín, Miguel Pinto, Berenice Bedoya y Ana Paola Agudelo se sometieron al escrutinio de la comisión y mantuvieron su posición. La intención de la coalición de Gobierno de sacarlos del quórum no prosperó.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la reforma a la salud, argumentando que el sistema actual estaba concebido para beneficiar a los particulares en detrimento de los recursos de la ciudadanía. Insistió en la necesidad de una reforma constituyente para lograr los cambios necesarios en el sistema de salud.
Por su parte, el presidente Petro anunció que, mediante decreto y por encima del Congreso de la República, implementará un nuevo sistema de salud con las EPS intervenidas, asumiendo su función constitucional como reordenador del sistema de salud.
Afirmó que esto evitará una quiebra generalizada y la liquidación abrupta del sistema de salud.
