Ante la controversia jurídica surgida entre el poder ejecutivo y el legislativo respecto a la convocatoria de una consulta popular nacional para el próximo 7 de agosto, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, afirmó que lo procedente es dejar en manos de las altas cortes la decisión sobre si se debe continuar o no con este trámite.

“Hoy no solo está en juego una consulta popular, sino el principio democrático, el orden institucional del país y la democracia misma. Cuando existen diferencias jurídicas entre dos ramas del poder público, deben ser los jueces quienes tomen la decisión correspondiente”, manifestó Penagos.

El registrador reiteró que la Registraduría Nacional es un órgano autónomo e independiente, sin superior funcional, como lo establece la Constitución Política en su artículo 266. Por lo tanto, su papel es garantizar la integridad de los procesos electorales con plena neutralidad.

Mientras se resuelve el tema, la entidad adoptará cuatro medidas: solicitará un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, remitirá copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación, y pedirá a las altas cortes que se pronuncien de manera ágil y oportuna frente a las demandas interpuestas.

Penagos también advirtió que, en caso de que las cortes autoricen la consulta, la Registraduría deberá estructurar un presupuesto cercano a los 750.000 millones de pesos. “Es una inversión muy alta y se requiere claridad jurídica para comprometer ese gasto”, puntualizó.

Asimismo, explicó que no es materialmente posible desarrollar todos los procesos logísticos y de planeación en los 53 días que restan hasta el 7 de agosto, ya que por ley se necesitan al menos tres meses para organizar una consulta popular nacional en condiciones óptimas.

Finalmente, alertó sobre los riesgos de una decisión precipitada: “Podría haber detrimento patrimonial, inseguridad jurídica y una ruptura del orden institucional si no se respeta la separación de poderes. Por eso, lo prudente es esperar la decisión de las cortes”.