Nora Elisa Vélez Ortiz, coordinadora de la Mesa de Participación de Víctimas del Quindío, expresó su preocupación por los retrocesos en la garantía de derechos para las víctimas del conflicto en el departamento. “Lamentablemente, la falta de voluntad política de algunos alcaldes y enlaces municipales ha sido un obstáculo importante. En muchos casos, se designan funcionarios que desconocen la Ley 1448 y el protocolo de participación, lo que afecta la atención y garantías para esta población”, señaló.
Según Vélez Ortiz, existen municipios con deficiencias en la atención a las víctimas, destacando particularmente la situación en Calarcá y Pijao. “En la parte cordillerana hemos visto estos retrocesos. Afortunadamente, en Génova, el punto de atención ha funcionado bien gracias a la gestión del alcalde. En Pijao, aunque el mandatario ha destinado recursos, hay contratistas que desconocen la Ley de Víctimas”, explicó.
En el caso de Armenia, la coordinadora enfatizó en la falta de articulación entre las autoridades locales y la Mesa Municipal de Víctimas. “Si bien el alcalde ha mostrado voluntad política en algunos espacios de concertación, el proceso no avanza. Actualmente, la Mesa Municipal no cuenta con un plan de trabajo ni con los recursos suficientes para fechas conmemorativas, proyectos productivos o garantías de participación”, advirtió.
Para 2024, Vélez Ortiz calificó negativamente la gestión en Armenia, argumentando que no se lograron las metas del plan de acción. “No se alcanzaron los objetivos planteados ni se garantizaron los proyectos productivos para las víctimas. Por eso, no podría otorgar una calificación positiva”, afirmó. Además, indicó que se han radicado documentos y enviado comunicaciones a la administración municipal en busca de respuestas. “Si no obtenemos solución, tomaremos acciones de hecho”, advirtió.
En cuanto a la reparación para las víctimas, destacó avances en la incidencia de la Mesa Departamental y Nacional. “Gracias a la gestión realizada, el porcentaje de indemnizaciones en el Quindío ha aumentado en un 49%”, aseguró. También resaltó mejoras en la entrega de ayudas humanitarias, gracias a la priorización de la Unidad para las Víctimas.
Finalmente, Vélez Ortiz hizo énfasis en la necesidad de una caracterización real de la población afectada en el departamento. “Actualmente, la base de datos de la Unidad para las Víctimas registra cerca de 50.000 personas, pero al ser una población flotante, no contamos con una caracterización precisa”, concluyó.
