La Personería Municipal de Armenia se vio en la obligación el año pasado de interponer una acción popular para la protección de los derechos colectivos a la seguridad pública y la previsión de desastres técnicamente previsibles, debido a la amenaza de colapso del edificio de Aparcaderos Centenario ubicado en la carrera 12 con calle 20, frente al Palacio de Justicia.
Este edificio, que alberga parqueaderos y oficinas, mostraba un grado significativo de deterioro. Se habían detectado filtraciones de agua que causaban humedad excesiva y deterioro estructural. En respuesta, la Personería solicitó una visita a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia. Durante la inspección, se determinó la necesidad de realizar un estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica para evaluar el riesgo que representaba el edificio.
La Secretaría de Aguas e Infraestructuras del departamento del Quindío también realizó una visita y coincidió en la necesidad del estudio. La Personería organizó mesas de trabajo con los propietarios del edificio y el municipio para llevar a cabo dicho estudio, pero no se llegó a un acuerdo, lo que llevó a la interposición de la acción popular en octubre de 2023.
En diciembre de 2023, el juzgado VI Administrativo de Armenia accedió a las medidas cautelares antes de emitir el fallo definitivo. Estas medidas incluyeron el cierre total del edificio, la prohibición de circulación en el mismo y en la cubierta, conocida como la Plazoleta Centenario, y la realización obligatoria del estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica.
Hace pocos días, se notificó la sentencia de primera instancia que dio la razón a la Personería. Se declaró la vulneración de los derechos colectivos, incluyendo el derecho al espacio público, y se ordenaron reparaciones tanto en la plazoleta como en la cubierta del edificio, a cargo del municipio de Armenia y La Edua, la entidad que administra el espacio. Además, se ordenó al edificio realizar todas las reparaciones recomendadas en el estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica.
Al respecto, Juliana Victoria Ríos, personera de Armenia, aseguró que aunque la sentencia fue apelada por La Edua, la apelación se concedió con efecto devolutivo, lo que significa que el fallo debe cumplirse de inmediato, independientemente de la resolución de la apelación por parte del tribunal. La jueza ordenó la conformación de un comité de verificación para supervisar el cumplimiento de la sentencia. En los próximos días, se espera recibir un informe sobre el avance en el cumplimiento de las órdenes de la sentencia.
Es importante destacar que, aunque la plazoleta es de uso público, es una propiedad privada que forma parte del techo del edificio. Por lo tanto, cualquier obra en esa cubierta requiere la autorización de los propietarios del edificio. La Personería conoció de primera mano esta situación porque en uno de los locales de este edificio funcionaba el archivo central de la entidad, donde se vivieron graves problemas de humedad.
La intervención de la Personería se originó a partir de estas gestiones para resolver los problemas del archivo, revelando el gran riesgo que representaba el edificio. Esta situación llevó a la interposición de la Acción Popular para proteger los derechos colectivos y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
