La muerte de Kevin Arley Acosta, un menor de 7 años que padecía hemofilia A severa, ha encendido un agudo debate nacional sobre las deficiencias del sistema de salud y la responsabilidad del Estado. El menor falleció tras permanecer 24 horas sangrando en un centro asistencial sin recibir el tratamiento especializado que requería su condición.
El pasado domingo 8 de febrero, Kevin sufrió una caída de bicicleta en el municipio de Palestina, Huila. Debido a su condición, el golpe le provocó hemorragias por la nariz y un oído. Según denunció su madre, Yudy Katerine Pico, a pesar de la urgencia, el personal médico y administrativo condicionó la atención a trámites burocráticos.
“Lo único que me decían era que tocaba esperar a que la EPS autorizara y que hubiera camas disponibles”, afirmó la madre. El traslado a Bogotá solo se hizo efectivo casi un día después, sin embargo, el menor falleció poco después de su llegada a la capital.
La familia señala que el drama inició en diciembre de 2025, cuando la Nueva EPS notificó que el medicamento profiláctico del niño —cuyo costo puede alcanzar los US$11.000 mensuales— ya no estaría cubierto por su plan, dejando al menor vulnerable ante cualquier traumatismo.
El caso escaló al ámbito político tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el Consejo de Ministros del 16 de febrero. El mandatario atribuyó parte de la responsabilidad a la falta de prevención familiar. “Si a un niño hemofílico no se le deja subir en la bicicleta, tiene menos riesgos… pero si el sistema de salud no enseña, las mamás no nacen aprendidas”, expresó el jefe de Estado.
Estas palabras, sumadas a la afirmación de que la madre habría aceptado no recibir el tratamiento, generaron el rechazo inmediato de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que calificó de inaceptable trasladar la responsabilidad a las familias en medio de su duelo.
Por su parte, la Nueva EPS emitió un informe técnico indicando que existía un proceso de traslado de afiliación hacia el departamento de Santander solicitado por la familia, y que el menor tenía una cita programada en Bucaramanga para finales de enero.
Este incidente ocurre en un contexto de alerta emitido por la Procuraduría General de la Nación, que en diciembre de 2025 ya había advertido sobre un “deterioro progresivo” en el acceso a medicamentos esenciales, poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes con enfermedades de alto costo en el país.
