La Procuraduría General de la Nación formuló cargos y suspendió al canciller Álvaro Leyva por tres meses en relación con la licitación de pasaportes llevada a cabo con Thomas Greg y las presuntas irregularidades denunciadas por el ente de control.
La entidad también decidió archivar la investigación contra el secretario general, José Salazar. El Ministerio Público apartó al canciller Leyva de su cargo mientras se adelanta el proceso en su contra, lo que implica que no podrá participar en la nueva contratación de pasaportes que realice el país.
La Procuraduría había intentado conciliar entre el canciller y Thomas Greg, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores no aceptó las pretensiones del contratista.
Se acusa al canciller Leyva de dos faltas disciplinarias provisionalmente calificadas como gravísimas cometidas a título de dolo. La primera falta se refiere a declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, transgrediendo principios de contratación estatal. La segunda se relaciona con la supuesta declaración de urgencia manifiesta sin causales durante el trámite contractual.
La Procuraduría suspende a Leyva por tres meses mientras se lleva a cabo la investigación. Además, Thomas Greg había propuesto una fórmula conciliatoria que no fue aceptada por la Cancillería.
