El pasado viernes se realizó un plantón a la afueras del edificio de la gobernación por parte de operadoras, bodegueros y personal que laboró en el programa de Alimentación escolar y a la fecha no les han pagado. Minutos después de iniciada la protesta, secretarios Jurídico y de Educación, dialogaron con los manifestantes y se realizó una reunión con algunos de ellos.
Roberto Jairo Forero, coordinador logístico, expuso que el operador se comprometió a transferir los recursos que se adeudan desde el mismo viernes y a las manipuladoras a más tardar el miércoles.
“Es un parte de tranquilidad para todos”, anotó sobre lo expuesto y señaló que a la fecha no conocen del nuevo operador ni si serán de nuevo contratados.
Sin pago y con deudas
¿Cuál es la situación actual de estas personas? Hablamos con algunas de las damnificadas por esta situación, quienes relataron sus afugias.
Diana Marcela Hurtado, de Calarcá, sostuvo que se reunieron a manifestar para hacer el llamado al pago, no solo las manipuladoras sino supervisores y bodegueros.
Explicó que siempre les han dicho lo mismo sobre el pago, en el que se tiran la pelota entre la gobernación y el operador “y así nos llevan como 20 días. Cada día nos dicen que mañana que pasado y nunca pasa nada”.
Sin contrato, sin pago, y con deudas se encuentra también Jimena Díaz de Circasia y Rosa Quintero de Filandia quienes indicaron que están llenas de deudas “no sabemos qué decirle a la señora de la tienda al de arriendo”. Sobre la deuda sostuvieron que desde junio, julio y la prima.
Por su parte, el asesor jurídico de la secretaría de Educación, Andrés Londoño Velásquez, indicó que desde el ente territorial “reconocemos que hay unas situaciones de acreencias laborales por parte del operador anterior, fuimos enfáticos de que son responsabilidades directas del operador pero sin embargo la Gobernación está atenta para activar los mecanismos necesarios para que se pongan al día con esas acreencias.
Damos un parte de tranquilidad, que por instrucción del Gobernador la premisa es darle continuidad al programa, y estamos adelantando desde la secretaría los trámites necesarios de contratación conforme la urgencia manifiesta, y de manera simultánea resolviendo los aspectos jurídicos y técnicos del contrato anterior”.
En la lupa de la Contraloría
Alrededor de 453.481 niños, niñas, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos no están recibiendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el segundo semestre del calendario académico, según identificó la Contraloría General de la República en el seguimiento que realiza a la ejecución del mismo en todo el país, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y de la mano del Ministerio de Educación Nacional y su Unidad “Alimentos Para Aprender” UAPA.
Durante las visitas realizadas por los equipos de la CGR, junto a las comunidades académicas, se verificó que las ETC Atlántico, Florencia, Mosquera, Nariño y Quindío, suspendieron el servicio de alimentación escolar, debido a diferentes condiciones contractuales.
En el caso de Atlántico, la ETC suspendió el contrato desde el 4 de agosto de la actual vigencia, debido a la incorporación de los recursos necesarios para adicionar el mismo por 27 días calendario. La ETC Nariño reportó la terminación del contrato desde el 09 de agosto y el proceso para la continuidad del servicio se encuentra en fase de alistamiento. Se ha comunicado al ente de control que posiblemente se reinicie el 22 de agosto.
La ETC Quindío declaró incumplimiento con imposición de multa al segundo operador que ha ejecutado el PAE en el departamento, debido a que se evidenciaron inconvenientes con horarios de entrega, cantidad de alimentos, la no entrega de los mismos, entre otros. Cabe resaltar que, en la vigencia, el operador dejó de prestar el servicio del PAE durante 17 días en su ejecución y, además, a partir de las reiteradas denuncias de las comunidades educativas, se suspendió el servicio para acordar soluciones que no se lograron subsanar.
“Desde la Contraloría General de la República, hemos venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional, y en estos casos, con excepción de la ETC Quindío en la que el contratista presentó diferentes incumplimientos, debían tenerse claro las fechas de culminación de los contratos para adelantar los procesos contractuales que garanticen la continuidad de la operación sin generar afectaciones a los estudiantes. Hoy esperamos que se subsanen prontamente los problemas y no se sigan dejando sin alimentación más 257 mil niños de estas 4 ETC”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. Luis Carlos Pineda Téllez
