El domingo pasado, la investigación realizada por EL TIEMPO reveló que Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, adquirió el apartamento en el que actualmente reside a través de una empresa representada por un reconocido empresario del sector petrolero.
Este hecho, que ya está generando controversia a nivel nacional y que tuvo lugar antes de que Roa asumiera el cargo, salió a la luz a través de documentos obtenidos por este medio, en los cuales funcionarios de la estatal petrolera registran posibles irregularidades que podrían afectar a la compañía.
Según la información divulgada, Roa Barragán compró la propiedad a la empresa Princeton International Holdings LTs, cuya sede principal se encuentra en las Islas Vírgenes Británicas (clasificadas como paraíso fiscal) y cuyo representante legal es Serafino Iacono, empresario venezolano que fue uno de los altos ejecutivos de Pacific Rubiales y de Gran Colombia Gold.
Actualmente, Iacono ocupa el cargo de director ejecutivo en NG Energy International Corp., accionista mayoritaria del pozo Sinú 9, cuyos socios firmaron un acuerdo de confidencialidad con Hocol, filial de Ecopetrol, tan solo cuatro días antes de que Roa asumiera su cargo en la compañía.
Ante estos acontecimientos, algunas voces de la oposición han pedido que se investigue a Roa por un posible conflicto de interés. Hernán Darío Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático, expresó en declaraciones a medios que “lo preocupante de este caso es que las normas del reporte de conflicto de interés no han sido cumplidas por Roa, pero tampoco han actuado los entes de control en esto”.
Cadavid enfatizó la urgencia de que haya consecuencias legales inmediatas contra el alto funcionario para establecer un precedente y evitar que más funcionarios del actual Gobierno actúen con evidentes conflictos de interés, nepotismo o contratando a familiares, parejas y amigos.
En sus declaraciones, Cadavid también mencionó otras situaciones controvertidas que involucran al actual presidente de Ecopetrol, como una presunta vulneración de los topes en la financiación de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, sin que hasta el momento haya habido consecuencias.
Frente a estas acusaciones, Roa, al ser consultado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, afirmó que la compra fue transparente y que cerró el negocio con el abogado Laureano Siegmund, representante de la compañía, y no con Serafino Iacono. Además, aseguró que está disponible la trazabilidad del pago del inmueble, debidamente declarado ante la Dian.
