Bernardo Moreno Villegas, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, decidió entregarse de manera voluntaria a la Policía en Quindío para cumplir una sentencia de cinco años y siete meses de prisión.
Esta acción se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena por tráfico de influencias, un delito por el cual fue hallado culpable debido a su participación en el caso ‘Yidispolítica’. En este escándalo, se comprobó que Moreno Villegas utilizó su posición para influir en la designación de personas afines a la congresista Yidis Medina, con el propósito de garantizar el apoyo necesario para la reelección de Uribe.
Además de la pena privativa de libertad, Moreno Villegas deberá asumir una multa equivalente a 139.579 salarios mínimos vigentes en la época de los hechos.
Las acusaciones contra Moreno son graves y lo señalan por haber interferido en los procesos internos de varias entidades públicas, tanto personalmente como a través de sus colaboradores. Se le acusa de influir en la contratación de personal al recomendar hojas de vida, realizar llamadas a directivos de la Red de Solidaridad Social, Sena, Etesa, y al superintendente de Notariado y Registro.
También se le imputa haber coordinado reuniones para que Yidis Medina conociera a las personas que él recomendaba y su participación en encuentros privados para gestionar esos nombramientos.
El Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) definirá el lugar donde Moreno cumplirá su condena, después de que la Corte Suprema denegara su petición de cumplirla en prisión domiciliaria, señalando que el delito por el cual fue condenado no permite tal beneficio según el Código Penal.
