El fiscal nacional de la Federación Unida de Motociclistas (Fenumo), Gustavo Santos, expresó su desacuerdo con el proyecto de concesión de cámaras de fotomulta en Armenia, afirmando que “es el mismo suceso que ocurrió hace unos meses, solo que le agregaron más documentación, pero el fondo sigue igual”. Según Santos, el proyecto carece de los estudios técnicos necesarios para mejorar la movilidad en la ciudad, especialmente en lo que respecta al mal estado de las vías, donde más del 41% no están en condiciones óptimas.
Santos enfatizó que en lugar de enfocarse en la concesión de las cámaras de fotomulta, deberían priorizarse soluciones como la implementación de semáforos inteligentes que puedan reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad. “Estos sistemas aún no se aplican en Armenia y generan largas esperas y embotellamientos”, destacó.
Otro de los puntos críticos para Santos es el destino del dinero recaudado, ya que según el proyecto, una parte significativa de los fondos iría a parar a manos de privados, entre ellos inversionistas extranjeros. “El dinero de Armenia se va para otros países, no se reinvierte en la ciudad. No estamos apoyando que se violen las normas de tránsito, lo que no queremos es que el dinero que producimos aquí termine beneficiando a otros”, argumentó.
Además, cuestionó la extensión de la concesión a 15 años, cuando, según la ley, para fotomultas solo debería ser de un 10% y a cinco años. “El concesionario solo tendrá que mantener las cámaras y el software, mientras que el municipio tendrá que cubrir los costos de la infraestructura, lo que significa que la mayor parte del dinero se va fuera de la ciudad”, añadió.
Finalmente, Santos instó a que antes de aprobar la concesión, se espere la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la instalación de las cámaras, ya que “no tiene sentido negociar algo que aún no existe”.
Habla el secretario de Setta
El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño, explicó en detalle el avance del proyecto de acuerdo que busca la autorización del Concejo Municipal para celebrar un contrato de concesión. “Nos encontramos en el segundo debate en la plenaria, presentando nuevamente un proyecto que fue modificado tras la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío. El tribunal no lo invalidó por inconstitucionalidad o ilegalidad, sino porque consideró que faltaba información técnica y financiera. En esta versión, hemos ajustado esos aspectos y fortalecido la exposición de motivos”, aseguró Castaño.
El secretario resaltó que, aunque el fondo del proyecto sigue siendo el mismo, hubo ajustes necesarios en el modelo financiero debido a las variaciones económicas entre el inicio y el final del año. “El objetivo principal sigue siendo dotar al alcalde con la facultad para adelantar el proceso precontractual y contractual, lo que permitirá poner en marcha la concesión de algunos servicios y la creación del Centro de Gestión de Movilidad”, señaló.
Frente a las dudas de algunos ciudadanos y concejales sobre el uso de cámaras de fotodetección, Castaño aclaró que no se está cuestionando la utilidad de estas herramientas tecnológicas, sino los aspectos técnicos y financieros del proyecto. “No estamos hablando de privatización; la concesión no implica que el municipio pierda el control. La Secretaría de Tránsito seguirá siendo responsable del servicio y, en caso de cualquier situación, nosotros seremos los llamados a responder ante los entes de control”, enfatizó.
Finalmente, el secretario explicó que el tiempo de duración de la concesión dependerá del modelo financiero. “Podría ser de 5 a 30 años, pero el análisis financiero indica que 15 años es el plazo óptimo para asegurar que el aliado estratégico recupere su inversión sin poner en riesgo el proyecto”.
