Investigar a 28 congresistas por presunta corrupción en contratos del Invías es la solicitud de la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, basándose en el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla. Este caso, que involucra a senadores y representantes de diversas bancadas, podría superar en envergadura al escándalo de la Ungrd.
La compulsa de copias, ya remitida a la Corte Suprema, iniciará una investigación preliminar para determinar la viabilidad de imputar cargos. Benavides, pieza clave en la investigación, negocia una posible inmunidad a cambio de su colaboración como testigo, lo que podría ser crucial para el esclarecimiento de los hechos.
La gravedad de las acusaciones y el número de congresistas implicados tienen el potencial de generar un impacto significativo en el panorama político colombiano, planteando un desafío para la justicia y generando interrogantes sobre la transparencia en la contratación pública.
Los congresistas salpicados en el escándalo son Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Ramiro Carrillo, Daniel Restrepo, Wadith Peinado, Juan Diego Muñoz, Wilmer Castellano, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar, Milena Jaraba, Sandra Aristizábal, Kellyn Johana González, Yamil Arana, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y Willmer Yesid Guerrero.
De igual manera, entre los senadores señalados están Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Alfredo Gnecco, Liliana Bitar y Karina Espinosa.
Al menos una de las congresistas mencionadas, Katherine Miranda, ya ha emitido un comunicado negando cualquier implicación en el caso.
