El acuerdo entre Colombia y Venezuela para crear una “zona binacional de paz” ha generado fuertes críticas por parte de la oposición colombiana, quienes lo consideran una entrega de soberanía al régimen de Nicolás Maduro. El expresidente Álvaro Uribe califica el acuerdo como una “afrenta contra la soberanía territorial”, afirmando que “la zona binacional entrega la soberanía de la patria, una zona que le han entregado al dominio del terrorismo y el narcotráfico protegidos por la dictadura de Maduro”.
La representante a la Cámara Luz Pastrana (Cambio Radical) también expresa su preocupación por la soberanía nacional y anuncia un debate de control político en la Comisión Segunda para analizar el acuerdo. “Colombia no es patio de ninguna dictadura. ¡Esto es una afrenta al país!”, exclama Pastrana. El profesor de relaciones internacionales César Niño, si bien reconoce la utilidad de las zonas binacionales para eliminar barreras comerciales, advierte que en este caso, “con un régimen y un Estado criminalizado y con la presencia de grupos terroristas, es lo más inoportuno e inconveniente para Colombia en términos de seguridad nacional”.
Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, señala tres riesgos para la seguridad colombiana: trata de personas, tráfico de armas y explotación minera ilegal. Nieto cuestiona cómo operaría la Fuerza Pública en una zona sin reconocimiento internacional formal.
El presidente Gustavo Petro defiende el acuerdo, argumentando que busca “crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien”. Petro contrapone su iniciativa a las políticas del gobierno de Uribe, afirmando que “perder soberanía hoy, es que mafias extranjeras y nacionales, dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror”.
El acuerdo, según el presidente Maduro, busca fortalecer la cooperación política y económica en áreas como comercio, industria, gas, petróleo, turismo y transporte. Tanto Niño como Nieto advierten sobre los desafíos jurídicos que plantea el acuerdo, especialmente en cuanto a la aplicación de la ley y los operativos contra grupos ilegales.
