Tras recibir indicios de posibles vínculos con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el presidente Gustavo Petro ordenó el retiro del servicio activo del mayor general Hernando Garzón Rey. Según informó la Presidencia, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones correspondientes y determine si existen responsabilidades penales.
Garzón Rey ocupaba el cargo de jefe de la Inspección General de las Fuerzas Militares, una posición de alto nivel dentro del Comando General, y su ascenso a este rango había sido respaldado por su trayectoria en diversos comandos regionales. Sin embargo, las nuevas evidencias que emergieron motivaron una intervención inmediata del Ejecutivo.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que el retiro se fundamentó en el mecanismo legal conocido como “llamamiento a calificar servicios”, utilizado cuando se presentan conductas que comprometen la integridad institucional. En ese sentido, el ministro subrayó que el Ministerio no tolerará ninguna acción que contradiga los principios constitucionales o éticos que deben guiar a quienes portan el uniforme, reiterando que la institución militar debe ser un referente de probidad en la defensa de la sociedad.
Esta medida se inscribe dentro de un proceso más amplio de revisión disciplinaria iniciado desde el inicio del actual gobierno. Desde agosto de 2022, al menos 70 oficiales han sido separados del servicio activo por diversas causas, entre ellas irregularidades administrativas, negligencias o presuntos nexos con actores ilegales.
Por su parte, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, señaló que el número total de salidas de militares desde 2022 supera los 30.000 efectivos. De ellos, aproximadamente 27.400 habrían optado por la baja voluntaria, mientras que cerca de 2.400 —incluido ahora Garzón Rey— fueron retirados mediante llamados a calificar servicios, lo que refleja, según su crítica, una tendencia creciente de limpieza interna impulsada por el gobierno, aunque también ha generado preocupación por su impacto en la estabilidad operativa de las FFMM.
