Parece una historia de nunca acabar, pero la falta de actuación de las autoridades en el departamento ha provocado que año tras año los proyectos de “vivienda gratis” sigan sumando incautos beneficiarios, que estarían en riesgo de estafa y que bajo el carácter de gratuidad han aportado de $5.000 en $15.000 por reuniones y documentación durante varios meses.
Al momento y conocidos por Transmisora Quindío son dos proyectos, el ya muy sonado Cipis y el otro, Programa de responsabilidad por la donación de viviendas sociales. Este último, los integrantes habrían pertenecido a Cipis pero hubo una división.
Corporación de Proyectos de Impacto Social
El primero, se conoce desde hace varios años y ninguna autoridad, aunque existe un llamado de la Procuraduría ha realizado alguna acción efectiva, pues continúan en firme y sin un lote en donde construir.
Las autoridades
Los alcaldes conocen el caso o al menos lo han escuchado, reiteran que no existen permisos para tal proyecto, pero la información no parece hacer eco entre sus comunidades.
Desde la Procuraduría señalaron que en respuesta a una solicitud de la Fiscalía, en razón a varias quejas presentadas por la comunidad, este despacho les informó a los alcaldes municipales del Quindío y Norte del Valle que esta Procuraduría había sido advertida que en la Fiscalía General de la Nación fue denunciada una corporación que llegó al Departamento del Quindío con la promesa de 5000 viviendas de interés social, aduciendo que sus recursos para sus viviendas provenían de una ONG y que tan solo debían pagar de manera mensual, una mínima suma de dinero para gastos de papelería y los demás que se vayan presentando. Por lo tanto se les solicitó alertar a la comunicad para que al momento de elegir un proyecto de vivienda verificaran que el mismo fuera seguro y confiable y de tener conocimiento de alguna situación irregular se realizaran las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes.
El documento menciona algunas solicitudes de Cipis en donde además de sentirse señalados también temían por sus vidas.
El 20 de agosto del año 2019, se difundió por medio de redes sociales y medios de comunicación que dicha Corporación estaba prometiendo casas a cambio de votos, noticia que se radicó en Procuraduría y teniendo en cuenta que la suscrita procuradora provincial no tiene competencia disciplinaria respecto de esa Corporación de carácter particular, se ejerció la función misional preventiva alertando a la comunidad remitiendo el respectivo asunto al Presidente del Consejo Nacional Electoral y al Grupo Electoral de la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se le realizara el análisis pertinente y se dieran las recomendaciones, bajo los principios de precaución y de prevención.
Hasta allí llegó la instancia de la Procuraduría, por su parte de Fiscalía no entregaron información sobre el asunto ni si hay investigación o no.
La Defensoría, también conocedora del asunto, expuso que le preocupa, pero tampoco se ha adelantado alguna acción.
Cipis ha salido avante ya que argumenta que tienen un sistema bajo el cual se construirán y entregarán las viviendas denominada Nesara Gesara, sobre esta “ley universal”, consultamos al experto en economía James Harvey Molina Guerrero, magíster en administración financiera quien explicó de qué se trata.
Nesara Gesara
Ley estadounidense que se conoce como Ley nacional de reforma y seguridad económica. Firmada en el año 2000 por Bill Clinton y contempla medidas como eliminar la reserva forestal de Estados Unidos, el impuesto a la renta, el equivalente a la Agencia Tributaria Estadounidense y crear un impuesto fijo no esencial sobre la venta de artículos nuevos para el gobierno.
Molina Guerrero hace claridad en que este sistema se creó para Estados Unidos, en Colombia, según los estudios que hay y a Superintendencia no aparece esta ley.
Donación de viviendas sociales
Por otro lado, sobre el Programa de responsabilidad por la donación de viviendas sociales, la situación no es menos crítica, allí cuatro personas que se identifican como donantes en un documento autenticado por notaría en donde solo aparece la firma del beneficiario y el nombre de los donantes sin cédulas ni firmas, entre ellos el de Lirio Rosario Uria Ortuño, quien fue expulsada en marzo del año pasado al ser solicitada por el gobierno boliviano por estafa a través de créditos de vivienda en ese país, de acuerdo con información aportada por Migración.
Hechos que ya estaría cometiendo en Colombia, en varios departamentos entre ellos el Quindío.
Sin embargo, cientos de personas continúan en el proceso y esperando su casa que será regalada por la señora Uria, en un proyecto que estaría liderando en el departamento un excandidato a la alcaldía de Buenavista.
Sobre la realidad de proyectos de vivienda o si se conocen procesos relacionados, consultamos a la gerente de Camacol, Milena Arango Peláez quien expresó que entidades con dichas denominaciones y con esos proyectos no están adscritos de la entidad e invitó a las personas a que se informen y en caso de tener dudas despejarlas con la misma entidad.
Beneficiarios temerosos
Una vez se dio a conocer esta noticia esta semana a través del informativo Tribuna Popular, nos contactaron indicando que; en primera instancia “conocen todos los movimientos de los beneficiarios yendo a la Defensoría porque tienen personas allí y si llegan a quejarse, se van a enterar quién lo hizo y lo sacarán del programa”.
Por ese tipo de mensajes las personas temen denunciar y porque creen fervientemente que sí tendrán la vivienda.
Las autoridades también quedan de manos atadas sin las respectivas denuncias.
Como si fuera poco, la última solicitud del programa de donación, son $10.000 para pagar Cámara y Comercio, pero más que esto para pagarle a un profesional que les pueda tramitar la documentación.
También consultamos al presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada Revéiz, quien aseguró que desconoce dicho proyecto y que la entidad no tiene relación con programas de construcción.
