La controversia en torno al nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO en Roma ha llegado al Consejo de Estado, generando un intenso debate político y jurídico en el país.
El conflicto surgió a raíz del decreto firmado por el entonces canciller Álvaro Leyva, que permitió el regreso de Benedetti al Gobierno de Gustavo Petro. Esto desencadenó una rápida reacción por parte de Alejandro Acosta, quien presentó una demanda argumentando que el nombramiento violaba el principio de legalidad en la administración pública.
La suspensión provisional de Álvaro Leyva por presuntas irregularidades durante un proceso relacionado con la licitación de pasaportes, ratificada por el Ministerio Público, añadió combustible al debate. La demanda argumenta que el nombramiento de Benedetti, realizado mientras Leyva estaba suspendido, constituye una usurpación de funciones públicas.
El demandante sostiene que el acto carece de motivación legítima, ya que se basó en motivos personales en lugar de méritos profesionales. Además, se argumenta una violación del principio de especialidad, ya que había funcionarios diplomáticos y consulares aptos para el cargo. Acosta enfatiza la importancia de que las decisiones administrativas respeten la legalidad y los principios constitucionales.
La solicitud de suspensión provisional del nombramiento refleja la preocupación por el respeto a los mandatos democráticos y las normativas vigentes sobre la designación de funcionarios públicos. En última instancia, la demanda busca que se suspenda provisionalmente el acto administrativo impugnado como medida cautelar, mientras se resuelve la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.
