La elección de la senadora Sandra Ramírez , representante del partido Comunes y firmante del Acuerdo de Paz, como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado , ha desatado un intenso debate político en el país. El nombramiento de la congresista, conocida en su pasado guerrillero como Griselda Lobo , es cuestionado por diversos sectores que señalan una presunta falta de “autoridad moral” debido a su trayectoria en las extintas Farc.
Aunque el anuncio se dio tras una votación unánime, el resultado reflejó una fractura en la célula legislativa, Ramírez obtuvo los 5 votos de los parlamentarios presentes, mientras que otros cuatro integrantes de la comisión se ausentaron de la sesión este pasado miércoles 25 de marzo. El congresista asume el cargo en el marco de la renovación anual de las mesas directivas, posición que ocupará hasta el cierre de la actual legislatura el 20 de julio .
La designación ha reactivado las críticas de organizaciones de víctimas y sectores de la oposición, quienes consideran el hecho como una “burla”. El principal punto de controversia radica en que el nombre de la senadora figura en expedientes de la Corte Suprema de Justicia y la JEP , donde existen testimonios y denuncias que la vinculan con presuntos casos de reclutamiento forzado, violencia sexual y delitos de alto impacto cometidos durante el conflicto armado.
Por su parte, Ramírez ha defendido su rol y las bondades del proceso de paz, enfatizando que su gestión se centrará en la periferia del país y en la resolución de conflictos a través del diálogo.
Cabe recordar que la senadora, quien fue compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez, no estará en el próximo Congreso de la República que inicia en julio de 2026, tras no alcanzar la votación necesaria en los pasados cómicos, donde la curul ya no era asignada de forma directa por el Acuerdo de Paz.
