En Armenia, bien que pertenecería a red de lavado de activos fue ocupada con fines de extinción

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En Armenia, bien que pertenecería a red de lavado de activos fue ocupada con fines de extinción

La Fiscalía General de la Nación informó que fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían a red de lavado de activos conformada por contadores, administradores y empresarios. Las propiedades afectadas con medidas cautelares están avaluadas en 47.000 millones de pesos y una está ubicada en Armenia.

El trabajo investigativo articulado de la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, permitió detectar el patrimonio ilícito de una red, que estaría conformada por empresarios, contadores, trabajadores de bancos y otras personas señaladas de lavar más de 281.000 millones de pesos, producto de actividades ilícitas.

Luego de la captura y judicialización de 12 presuntos integrantes de esta organización, en diligencias realizadas a principios de este mes, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 48 bienes, que habrían sido adquiridos con los dineros presuntamente obtenidos por las maniobras de blanqueo.

Las propiedades afectadas, avaluadas en 47.000 millones de pesos, están distribuidas en 16 inmuebles, 1 vehículo, 6 sociedades y 9 establecimientos de comercio. Todas fueron ocupadas en procedimientos cumplidos en Armenia, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Pereira en Risaralda; Cali, Cartago y Dagua en Valle del Cauca; Cúcuta en Norte de Santander, Bucaramanga en Santander y La Mesa en Cundinamarca.

De acuerdo con los elementos de prueba, las personas vinculadas al esquema de lavado de activos habrían prestado sus nombres y empresas localizadas en el Eje Cafetero y norte del Valle del Cauca para mover e ingresar al sistema financiero millonarias sumas producto del tráfico de drogas.

Las investigaciones dan cuenta de que los implicados se habrían valido de terceras personas para garantizar las operaciones ilícitas y hacerles llegar los dineros a la estructura criminal a la que le servían.

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