En un trabajo articulado del CTI y la Policía fueron capturados un fiscal seccional de Cali (Valle del Cauca) y un abogado penalista, quienes se habrían concertado con otros funcionarios judiciales para dilatar e impedir que avanzara un proceso por homicidio y secuestro.
El fiscal, al parecer, recibió 100 millones de pesos de la persona interesada en frenar la investigación en su contra. Las maniobras ilegales presuntamente ocurrieron entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Un fiscal adscrito al CTI presentará a los dos detenidos ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de cohecho y soborno en la actuación penal.
