Angélica María Claro, asesora para la promoción de alimentación saludable de Red PaPaz destacó que la lucha no llega acá, falta que el ministerio de Salud regule el etiquetado exigiendo que la información sea basada en investigaciones científicas libre de conflicto de intereses.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó la Ley de comida chatarra. Sobre el tema, Red Papas, organización que ha liderado la iniciativa durante años, se refirió celebrando la noticia peor advirtiendo que aún falta más.
“Por muchos años para red papás ha sido una enorme responsabilidad ser parte de las organizaciones de sociedad civil que junto a la academia hemos llevado las voces de miles de madres, padres, colegios y ciudadanos en para exigir que se implementen políticas efectivas para que todos los colombianos contemos con entornos saludables que favorezcan, faciliten la alimentación y nutrición adecuada particularmente para niños y adolescentes”, acotó Claro.
Resaltó que en este momento están felices porque con la sanción presidencial Colombia está más cerca de tener un etiquetado frontal de advertencia, que permita tomar las medidas necesarias para prevenir la obesidad y enfermedades asociadas a la alimentación como la diabetes e hipertensión.
La asesora explicó que no significa que el triunfo se haya completado, ya que el Ministerio de Salud tiene un plazo máximo de 12 meses para expedir una norma en la que reglamente el etiquetado. “Con un aspecto muy importante que lo diferencia de otras iniciativas del gobierno contra la industria, y es que en esta ocasión la Ley exige que la etiqueta debe basarse en la mayor evidencia científica disponible y libre de conflicto de intereses.
Es decir, evidencia de investigaciones que no hayan sido pagadas o manipuladas por la industria de bebidas o de comestibles ultraprocesados. Así, si el Ministerio hace lo que corresponde en ese plazo, podremos ver los sellos en los empaques para conocer los ingredientes que tienen los productos cuando están altos de azúcar, de grasa, o sodio. Invitamos a todos a estar pendiente del siguiente paso”, apuntó Claro.
Esta sanción ha sido el clamor de cerca de 290.000 personas que firmaron la petición #NoComasMásMentiras exigiéndole al Estado que Colombia acoja las recomendaciones de organismos internacionales de implementar políticas costo efectivas para la reducción de la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, beneficiando especialmente a niños y adolescentes.
El etiquetado es solo una de las cuatro medidas necesarias, “pues también nos hace falta contar con la restricción de publicidad de comida chatarra dirigida a la niñez y adolescencia, la creación de entornos escolares alimentarios saludables y los impuestos a las bebidas endulzadas”.
Esta ley llega en un momento muy importante para Colombia, no solo por los altos niveles de obesidad con los que cuenta el país, donde 1 de cada 4 escolares entre 5 y 12 años tiene exceso de peso y más de la mitad de los adultos afrontan la misma situación, sino también debido a la crisis de salud producida por el Covid-19 ya que el consumo habitual de productos ultraprocesados se relaciona con obesidad, diabetes e hipertensión y que estas tres condiciones aumentan la severidad y el riesgo de morir a aquellos que contraen Covid-19.
