Superando varios obstáculos entre los que se pretendía inhabilitar a los senadores en el debate por una demanda instaurada por un jurista, sumado a las intervenciones de quienes la defendían y los que no, al considerar que es inconstitucional o porque generaría más asesinatos e impunidad, se logró luego de cinco días aprobar en segunda vuelta el proyecto de acto legislativo que reformará el artículo 34 de la Constitución Política para incluir la aplicación de la máxima pena de cadena perpetua para castigar a los responsables de delitos sexuales contra menores de edad.
La iniciativa de acto legislativo brinda a la justicia una herramienta para sancionar de manera drástica a los criminales que han abusado de menores y cuyos delitos en su mayoría quedan impunes, tal como lo afirmó en su intervención la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Lina Arbeláez, al manifestar que de las denuncias presentadas el 87% queda impune, sin contar los innumerables casos que no son denunciados por temor o porque se trataba de un familiar el abusador.
