En una decisión de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por una década a la teniente Adriana Rodríguez Segura, quien anteriormente fungía como jefa de vigilancia en el Centro de Reclusión de Mujeres Villa Cristina, debido a su participación en actos de acoso laboral hacia una subordinada.
La Procuraduría Regional de Juzgamiento del Quindío demostró que la funcionaria llevó a cabo acciones repetidas e injustificadas que perjudicaron el equilibrio emocional, físico y laboral de la dragoneante Isabel Cristina Buitrago Martínez, quien estaba bajo su supervisión directa.
A raíz de estos eventos, el ente de control clasificó la infracción de Rodríguez Segura como de extrema gravedad, cometida con dolo. Esta resolución inicial es susceptible de recurso de apelación por parte de la afectada.
