Un debate se realizó en la Asamblea del Quindío por la asignación de recursos a los Centros Vida y Centros de Bienestar del Adulto Mayor, CBA, del municipio de Armenia, esenciales para la atención de la población adulta mayor. Según el diputado Jorge Iván Yusti Callejas, se han presentado inconsistencias para la transferencia de estos fondos, afectando la operatividad de estos espacios.
El diputado señala que los proyectos presentados por los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBA) están siendo rechazados debido a una interpretación restrictiva de la canasta de servicios. “Los CBA solicitan recursos para la compra de oxímetros, pulsímetros, sillas de ruedas, pero se les informa que estos elementos no están contemplados dentro de la canasta de servicios. Sin embargo, son herramientas fundamentales para la atención de los adultos mayores y la normativa permite que el gobierno departamental mejore esta canasta”, afirmó Yusti, quien calificó la situación como negligente.
Por su parte, el secretario de Familia departamental, Jorge Hernán Gutiérrez, explicó que la restricción en el uso de los recursos obedece al marco legal vigente. “Algunos centros han presentado proyectos con gastos que no están contemplados en la ordenanza ni en la ley. Entendemos las dificultades que atraviesan, pero los fondos deben destinarse exclusivamente al bienestar integral de los adultos mayores”, sostuvo Gutiérrez.
El funcionario recordó que, desde su paso por la Asamblea Departamental en 2020, impulsó la ordenanza que regula la estampilla pro adulto mayor y su correcta aplicación. Indicó que, aunque existen necesidades en infraestructura y pago de servicios públicos en los centros, la normativa no permite que estos gastos se cubran con dichos recursos. “Se deben buscar otras fuentes de financiación, como la Secretaría de Infraestructura municipal o departamental, para atender estas necesidades”, añadió.
El problema se agrava por el mecanismo de desembolso de los fondos, que requiere que todos los centros presenten sus proyectos simultáneamente. “Si dos o tres no cumplen con los requisitos, se retrasa la entrega para todos”, explicó Gutiérrez. Para abordar la problemática, la Gobernación ha realizado mesas de trabajo con la Procuraduría, Contraloría y Personería, explorando posibles modificaciones a la ordenanza dentro de los límites legales.
“Estamos comprometidos en encontrar soluciones sin violar la ley. Queremos ser conciliadores, pero hay normativas que debemos respetar”, concluyó el secretario.
