Ante la creciente ola de indignación por el incremento en los recibos del impuesto predial, que llevó a bloqueos en el sector de Versalles (Calarcá) el pasado jueves 9 de abril, el presidente Gustavo Petro se pronunció para aclarar las competencias del Gobierno Nacional frente a este cobro y proponer una reforma en la distribución de la carga tributaria.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario nacional aseguró que existe una “confusión técnica” entre los ciudadanos sobre cómo se calcula el impuesto. Petro fue enfático al señalar que, si bien el Gobierno Nacional maneja las directrices generales a través del IGAC, son finalmente los alcaldes y concejos municipales quienes tienen la potestad de fijar las tarifas finales que pagan los contribuyentes.
“El impuesto predial es una decisión territorial. Son las autoridades locales las que determinan cuánto se cobra”, explicó el mandatario, deslindando la responsabilidad directa del Ejecutivo Nacional sobre los montos que han generado malestar en regiones como el Quindío.
Estas declaraciones se dan apenas días después de que campesinos y productores de municipios como Montenegro, Quimbaya, Circasia y Calarcá cerraran de manera intermitente la vía hacia La Línea. Los manifestantes quindianos denuncian que la actualización del catastro multipropósito ha derivado en avalúos “monstruosos” que superan el 3.000% de incremento, lo que hace impagable el tributo local.
Como salida a la crisis, el presidente Petro planteó una reestructuración de la base gravable. Propuso que se aplicara un aumento de impuestos a los grandes terrenos improductivos (latifundios que no generan empleo ni alimentos) y, simultáneamente, se reduzcan las tarifas para los pequeños propietarios y campesinos.
