El gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, expresó su tristeza por la pérdida de $90.000 millones en el presupuesto nacional para el departamento. Sostuvo que “nos dejaron solos en la pelea, donde de los tres representantes, solo una votó para que no se aprobara con ese descuento”.
“Es muy triste, que nos castiguen de esa manera, $90.000 millones de reducción para el departamento. Se dio una pelea importante. Quiero agradecer también a Piedad Correal que solicitó que el desahorro del Fonpet se dé de manera rápida”, indicó el mandatario.
Expresó que fue también la mencionada representante la única que “dio la pelea” para defender el departamento.
“Le pido al gobierno nacional que nos tenga en cuenta, somos un departamento muy pequeño, muy sensible con presupuestos muy bajos”, acotó el gobernador.
Menos obras
Jaramillo Cárdenas expresó que este bajan representa menos inversión en vías terciarias, educación y salud. “Realmente para nosotros es catastrófico el año 2023”.
Agregó que no todo está perdido y espera que en enero que tome el liderazgo de la Federación Nacional de Departamentos poder jalonar recursos.
El representante por el Quindío, Jhon Édgar Pérez Rojas, que votó positivo al presupuesto, sostuvo que se ha dado una pelea dura al recurso del departamento y expuso lo que se ha realizado en pro de la región.
Confirmó la pérdida que se generó para el Quindío, pero expresó que pese a ello, es mayor al recurso que se ejecutó en la pasada vigencia.
“Hicimos un llamado a todos los congresistas que sacaron votos en el Quindío para que revisaran el decrecimiento de la inversión en el departamento. Logramos que se aumentara el recurso en vías terciarias, deporte y saneamiento básico”, anotó el congresista.
Concluyó que, “en general, el presupuesto con relación a lo que se apropió en la vigencia fiscal anterior disminuyó para el departamento, pero con relación a lo ejecutado tiene un leve aumento”.
Explicó que para el Quindío el año pasado se apropiaron $720.000 millones en el presupuesto, pero realmente se ejecutaron $580.000 millones, para este año se apropiaron $620.000 millones.
El congresista explicó por qué votó positivo indicando que de haber sido negativo, el departamento se hubiera afectado más y que el gobierno nacional lo hubiera podido adoptar por decreto.
“De esta manera, el presupuesto que quedaba era el que había dejado el gobierno anterior que afectaba aún más al departamento”, apuntó.
Presupuesto del país
Para el país, la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2023 fue por un monto de $405,6 billones. La iniciativa obtuvo votación mayoritaria en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, confirmando el amplio consenso, y el monto aprobado es superior en 15,1% al de la actual vigencia de 2022.
El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo aseguró que con el presupuesto aprobado se hará una política fiscal inteligente, ya que se prioriza la inversión social, gracias a una racionalización del gasto. Por eso, la inversión crece 6,3% frente a 2022 y totaliza $74 billones, superior a los $62,7 billones propuestos inicialmente por la anterior administración nacional.
El Ministro Ocampo Gaviria detalló que el presupuesto incluye recursos para cubrir el servicio de la deuda pública, con $78 billones. El articulado aprobado no incluye los posibles recaudos que genere la reforma tributaria, actualmente en trámite en el Congreso. Los sectores con mayores recursos para 2023 son educación ($54,8 billones); salud y protección social ($50,2 billones); hacienda ($48,7 billones); defensa y policía ($48,3 billones); trabajo ($37,9 billones); e inclusión social y reconciliación ($17,8 billones).
También, se incluyeron disposiciones para luchar contra la inflación, como los subsidios de energía eléctrica y gas, y subsidio del 50% del costo de la energía y gas natural que consuman los distritos de riego.
Contiene, además, medidas para atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; la prevención y gestión del riesgo de desastres; aliviar el pago de las deudas del Icetex; cofinanciar el déficit de los sistemas de transporte masivo; atender los pasivos en salud de la atención de la emergencia ocasionada por el covid-19 y fortalecer las labores de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a la protección de los derechos ciudadanos.