Esta semana, Natalia Pérez, coordinadora de la Unidad de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para el Quindío, destacó los esfuerzos realizados en el departamento para socializar la figura de las zonas de reserva campesina. Según Pérez, estas zonas, establecidas en la Ley 160 de 1994, son instrumentos de ordenamiento territorial que en los últimos ocho años han tenido un notable avance a nivel nacional, llegando a consolidarse 18 en todo el país.
En el caso del Quindío, el proceso se encuentra en una etapa inicial. “Actualmente, estamos trabajando en una solicitud que ha recibido el auto administrativo para el inicio del procedimiento. Este es apenas el primer paso dentro de un proceso que comprende tres etapas: solicitud, delimitación y constitución,” explicó Pérez.
Además, enfatizó la importancia de informar a las comunidades sobre las implicaciones de este proceso. “Queremos que la población comprenda qué significa una zona de reserva campesina, cuáles son sus beneficios y en qué etapa estamos. Es crucial aclarar que, por ahora, no hay nada aprobado; estamos en una fase de solicitud y diálogo participativo.”
En ese sentido, la ANT planea involucrar a diversos actores, como juntas de acción comunal y organizaciones territoriales, para promover la participación ciudadana a lo largo de 2024. “Estas zonas no buscan introducir nuevas personas en el territorio; por el contrario, se centran en reconocer y formalizar los derechos de quienes ya habitan estas áreas, especialmente en los seis municipios cordilleranos que han presentado la solicitud,” afirmó Pérez.
Las zonas de reserva campesina también tienen un enfoque ambiental y social. “No solo se trata de garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada, sino también de proteger ecosistemas estratégicos, promover la sostenibilidad ambiental y fortalecer las economías campesinas,” agregó.
Finalmente, Pérez destacó que este proceso busca garantizar derechos fundamentales del campesinado, incluyendo aspectos culturales, económicos, políticos y ambientales. “El objetivo es construir un diálogo abierto entre todos los actores clave, logrando así un equilibrio entre el desarrollo rural y la protección ambiental en nuestro departamento,” concluyó.
