Tras una exhaustiva labor de campo realizada por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, se ha confirmado que grupos criminales están utilizando a menores de edad en los municipios de Calarcá, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida y Circasia, ubicados en el departamento del Quindío.
Según la Alerta Temprana (AT) 001 de 2024, la población más afectada se encuentra en el rango de 13 a 29 años, siendo blanco de actividades delictivas de ‘La Cordillera’, ‘Los Flacos’ y ‘La Oficina’. Estas estructuras ilegales buscan controlar territorialmente la región, principalmente para fortalecer el mercado de estupefacientes y eliminar a aquellos que se oponen a sus intereses criminales.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó que los menores de edad están siendo utilizados en diversas actividades relacionadas con el tráfico de drogas, como el transporte y la distribución, así como en tareas más peligrosas, como la ejecución de homicidios selectivos y el traslado de armas de fuego. Además, señaló que estos jóvenes provienen en muchos casos de entornos familiares donde el comportamiento criminal se considera normal. Estos grupos criminales locales se aprovechan de la situación económica precaria de los jóvenes y, en algunos casos, facilitan su ingreso a instituciones educativas para involucrarlos en la venta de drogas ilícitas.
El Defensor del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades regionales para que tomen medidas efectivas, mejoren la presencia institucional y desarrollen políticas públicas destinadas a proteger a esta población vulnerable en sectores de alta complejidad social.
Carlos Camargo Assis subrayó que, además de las acciones policiales y militares, es crucial promover oportunidades de educación superior y empleos formales para los jóvenes, con el objetivo de garantizar sus derechos y reducir los factores de vulnerabilidad. Además, destacó la importancia de que el Ministerio del Interior, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), coordine y promueva acciones preventivas y de reacción oportuna frente a los riesgos identificados en la AT 001 de 2024 emitida por el SAT de la Defensoría del Pueblo.
