La Procuraduría General de la Nación suspendió por un mes al defensor de Familia, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Quindío, Edison Alexander Torres Plaza, por irregularidades en el restablecimiento de derechos de un menor de edad. Según el reporte el funcionario omitió fallar en derecho el proceso tendiente a establecer la conveniencia de continuar el tratamiento oncológico del niño en Bogotá, y trasladar los dictámenes periciales a las partes por cinco días para que se pronunciaran.
Consideró que esta actuación del defensor causó un “alto grado de perturbación en el servicio público de Bienestar Familiar”, por cuanto no se cumplió de forma integral y permanente con la garantía y protección del derecho a la salud del menor, quien debió esperar un mayor tiempo para que le resolvieran de manera definitiva la protección a la que tenía derecho.
El Ministerio Público recordó que los niños, niñas y adolescentes gozan de “un claro respaldo y reconocimiento en el derecho internacional a través de diversos instrumentos que les otorga un trato especial”, para garantizar su desarrollo integral y armónico como miembros de la sociedad.
La Procuraduría Regional de Quindío calificó la falta como grave con culpa gravísima.
Contra el fallo de primera instancia no se interpuso recurso de apelación, por lo tanto la decisión quedó en firme.
