Para abordar los desafíos de comercialización que enfrentan los pequeños productores agrícolas, pecuarios y agroindustriales, se expuso la Ley 2046 de 2020 (Ley de Compras Públicas) en un foro en la Asamblea del Quindío. Esta normativa representa una oportunidad estratégica al obligar a todas las entidades estatales a adquirir al menos el 30% de sus alimentos de estos proveedores locales.
Juan Carlos Alfaro García, secretario Jurídico del departamento, detalló cómo esta ley vincula a diversas entidades del Estado.
Edwin Insuasty de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) no solo elogió la iniciativa para fortalecer los mercados campesinos mediante una ordenanza, sino que también subrayó la imperiosa necesidad de que el campesinado gane visibilidad y se reduzca la intermediación.
Adicionalmente, la ADR se comprometió a apoyar eventos clave en la agenda del Quindío, e Insuasty instó a un seguimiento riguroso del presupuesto asignado por las entidades obligadas por la ley.
