El deceso de la senadora Piedad Córdoba, perteneciente al Pacto Histórico, se registró este sábado 20 de enero. La causa de su muerte sería un infarto. La congresista arribó sin signos vitales a la clínica Conquistadores, ubicada en Medellín.
Fuentes cercanas al ámbito familiar de Córdoba confirmaron la noticia. La senadora tenía previsto cumplir 69 años el próximo 25 de enero. Sus últimos días antes del fatal desenlace transcurrieron en la clínica del Rosario, en la capital antioqueña.
En los meses recientes, Piedad Córdoba enfrentó el impacto de la detención de su hermano, Álvaro Córdoba, extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, confesando su culpabilidad.
Durante los mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010), Córdoba se destacó en los procesos de liberación de secuestrados bajo el dominio de las Farc. No obstante, víctimas de tales eventos, como Íngrid Betancourt, argumentaron que la senadora le otorgó un matiz político a dichas liberaciones, en colaboración con el entonces presidente Hugo Chávez, con quien mantenía cercanía, al igual que con el presidente Nicolás Maduro.
Hacia el 2007, Chávez y Piedad compartían intereses políticos y buscaban obtener beneficios a través de las liberaciones de secuestrados en Colombia que estaban en manos de las Farc. El presidente venezolano aspiraba a mejorar su popularidad para el referendo constitucional, que finalmente perdió, mientras que Piedad se perfilaba como candidata presidencial, sin lograr éxito en sus aspiraciones.
Cuando Uribe extraditó a alias Sonia y Simón Trinidad, guerrilleros de las Farc, a Estados Unidos, Piedad y la insurgencia insistían en que ambos debían regresar a su país. Sostenían que mantener secuestrados a tres estadounidenses se convertiría en una táctica de presión para lograr sus demandas.
Gran parte de esta información provino de los ordenadores del llamado canciller de las Farc, alias Raúl Reyes, quien falleció en Ecuador en marzo de 2008 durante un operativo militar liderado por Colombia. Sin embargo, dicha información no pudo ser utilizada judicialmente debido a la falta de cumplimiento de los procedimientos legales.
Esta deficiencia procesal en la obtención de pruebas condujo a que la justicia le restituyera a Piedad el derecho de ser elegida en cargos públicos, además de una indemnización de 2.000 millones de pesos. La causa penal en su contra tampoco tuvo éxito.
Se supo en ese momento que Piedad era conocida en las filas de las Farc bajo el alias de Teodora.
