El presidente Gustavo Petro ha firmado un decreto para convocar unilateralmente a una consulta popular sobre la reforma laboral, desestimando un concepto negativo previo del Senado.
El decreto solo se derogará si el Congreso aprueba la reforma con los puntos clave del gobierno, como la regulación de la jornada nocturna y los pagos dominicales.
El Ejecutivo argumenta que la votación del Senado fue inconstitucional y ha enviado el decreto a la Corte Constitucional para su revisión, una decisión que genera un debate jurídico sobre la competencia de dicho tribunal.
La medida ha sido calificada por diversos sectores como una violación a la separación de poderes.
