Amparo Castillo Hernández, presidenta de la junta subdirectiva de la seccional Quindío del sindicato de trabajadores del ICBF, Sintrabienestar, habló sobre el cese de actividades de 48 horas que desde ayer se adelanta debido a la falta de claridad y compromiso de la Administración Nacional con respecto a la ampliación de la planta permanente de empleados.
“Nosotros en este momento iniciamos un cese de actividades de 48 horas porque estamos exigiendo a la Administración Nacional que por favor incluya en el anteproyecto del presupuesto, que se debe presentar a Hacienda y cuyo plazo vence el 31 de julio, la ampliación de planta permanente de empleos. Esto es esencial para llevar a cabo nuestra misión y nuestras funciones, ya que estamos a cargo de atender y garantizar los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias”, explicó Castillo Hernández.
La dirigente sindical destacó la falta de evidencia de que el presupuesto necesario para la ampliación de la planta de personal sea aprobado. “La administración en este momento no ha sido clara y no tenemos conocimiento ni evidencia de que el duro presupuesto requerido para esa ampliación de planta se dé”, señaló.
Castillo Hernández enfatizó la necesidad de esta ampliación basándose en un estudio de cargas realizado en 2020, durante la pandemia, cuyos resultados indicaron la necesidad de aproximadamente 6,400 nuevos cargos a nivel nacional. Además, mencionó la entrada en vigencia de la Ley 2126 de 2021, que ha transferido muchas funciones de las comisarías de familia a las defensorías de familia, lo cual requiere mayor presencia de personal para atender las necesidades de la población.
“En este momento nos están hablando de una temporalidad con aproximadamente 1,247 cargos. Sin embargo, la temporalidad no es un incremento de cargas, no es un aumento de 1,200 profesionales, son 1,200 y tantos profesionales que ya están aquí bajo una modalidad de contratos y que pasarían a una temporalidad con un tiempo ya determinado, para luego ser pasados a un concurso de méritos para formalizar estos cargos”, aclaró la presidenta.
En cuanto a la regional Quindío, el estudio de cargas arrojó la necesidad de alrededor de 150 cargos antes de la Ley 2126. Sin embargo, Castillo Hernández manifestó que la cifra exacta actual es incierta debido a gestiones internas que buscan evitar que toda la carga recaiga sobre las defensorías, las cuales están manejando agendas de 4, 5 y hasta 6 meses para restablecer y garantizar derechos. A nivel nacional, hay defensorías con agendas para 11 meses.
“¿Dónde está la garantía de los derechos de nuestros niños? ¿Dónde está la garantía del trabajo con dignidad para los empleados que pertenecemos a esta institución? Aquí las horas extras son muchas, y hay compañeros que trabajan sábados, domingos y horas extras para cumplir con una exigencia que no da espera. Nuestros niños, niñas y adolescentes requieren atención con celeridad, oportunidad y pertinencia”, afirmó.
Para concluir, Castillo Hernández resaltó la importancia de contar con un grupo de trabajadores cualificados y suficientes para cumplir con la misión institucional. “Los derechos de los niños no son delegables ni impostergables, necesitan atención inmediata. Para ello, se necesita un grupo de trabajadores comprometidos y suficientes para cumplir con la misión institucional a cabalidad”, concluyó.
