La exalcaldesa (e) de Calarcá para el año 2014, Liliana Valdez Mejía; para el entonces secretario de Infraestructura Jesús Alonso Chíquiza, y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, gerente Proviquindío fueron presentados ante el Juzgado 1 penal municipal de garantías para que respondan por su presunta participación en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno aceptó su responsabilidad en los hechos.
De acuerdo con la investigación, el 31 de octubre de 2014 la Alcaldía Municipal de Calarcá suscribió un convenio interadministrativo con la Promotora de Vivienda del Quindío por más de 496 millones de pesos, en el cual Calarcá participaba con 452 millones de pesos, y Proviquindío con 44 millones. Dichos recursos públicos estaban destinados a la financiación de tres proyectos entre los cuales la construcción de una pista de patinaje cuyo valor se calculó en 174’311.734 millones de pesos.
Este último fue formalizado mediante el contrato #055 de 2014. Al parecer, en la ejecución de esta obra, fueron vulnerados los requisitos esenciales de la contratación en cuanto a economía, planeación y responsabilidad.
En este caso se presume que hubo improvisación por no contar con un estudio serio de necesidad y factibilidad que permitiera establecer parámetros técnicos para la ejecución de la mencionada obra. De la misma manera, las especificaciones técnicas de la pista no eran acordes para realizar la práctica del patinaje.
