En sesión extra fue aprobado el proyecto con informe de conciliación que dicta normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y pasa a sanción presidencial.
El presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, del Partido Conservador, dio a conocer que se realizaron los debates correspondientes, tanto en Cámara como en Senado, así como la discusión del articulado para la aprobación de este proyecto de ley con mensaje de urgencia, y comentó a su vez que esta iniciativa “trae las herramientas de carácter administrativo, de carácter penal y judicial para garantizar la seguridad ciudadana en el territorio colombiano”.
Esta iniciativa busca fortalecer las condiciones de la seguridad ciudadana, a través de la inclusión de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como el Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística.
A su vez se busca la creación y el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y los recursos económicos que deben contar las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana.
De igual manera, tiene como finalidad la protección de los derechos de la ciudadanía que se ve afectada por las conductas que impactan las acciones y actividades que recaen en la regulación que se modifica, con el fin de hacer frente a los nuevos retos en seguridad que enfrentan la institucionalidad y la población, en un ámbito garantista y de pleno respeto a los valores democráticos sobre los que está instituido el Estado.
Los senadores Feliciano Valencia (Partido Mais), Iván Cepeda (Polo Democrático), Sandra Ramírez (partido Comunes), Angélica Lozano (Alianza Verde), Antonio Sanguino (Partido Verde), Wilson Arias (Polo Democrático), Iván Marulanda (Alianza Verde), Aida Avella (partido Coalición Lista de la Decencia), Gustavo Bolívar Moreno (partido Coalición Lista de la Decencia), Jorge Enrique Robledo (Partido Dignidad), Jorge Eduardo Londoño (Alianza Verde) y Julián Gallo (Partido Comunes), solicitaron que se reabra la discusión del artículo 4 del proyecto de ley de seguridad ciudadana, aprobado en la sesión plenaria el pasado 20 de diciembre.
El mencionado artículo dicta; Las disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de Policía ni a los procedimientos de Policía, que por su misma naturaleza preventiva requieren decisiones de aplicación inmediata, eficaz, oportuna y diligente, para conservar el fin superior de la convivencia, de conformidad con las normas vigentes y el artículo 2o de la Ley 1437 de 2011. Por su parte las disposiciones de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011 se aplicarán a la decisión final de las autoridades de Policía en el proceso único de Policía, con excepción de aquellas de que trata el numeral 3 del artículo 105 de la ley en mención.
En este sentido, el Senador Eduardo Pacheco, del Partido Colombia Justa Libres, expresó, “se acusó de ser inconstitucional este proyecto de ley, pero sin argumentación ni análisis jurídico” y mencionó que no se puede desconocer la autodeterminación de las Naciones.
En su intervención, la senadora Aida Avella manifestó que se opone a este proyecto, debido a que, “lo considero nocivo para la libertad y la democracia”. Por su parte, la senadora Sandra Ramírez comentó, “seguimos manifestando el abandono y el ataque sistemático a los Derechos Humanos en nuestro país. Como nos quieren borrar la memoria de la guerra”.
Por su parte, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, solicitó la reapertura de la discusión del artículo 20 de esta iniciativa, debido a que fue incluido al bloque de los artículos sin proposición votados en la sesión del 20 de diciembre.
Artículo 20. Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de Policía, a las cuales está subordinada. La actividad de Policía es una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.
Votación del articulado
Una vez culminada la discusión de las solicitudes de reapertura de dos artículos, la Plenaria se dispuso a votar los artículos con proposiciones no avaladas, siendo estas negadas con 63 votos en contra y 12 a favor. El senador ponente Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, propuso proceder con la votación de los cinco artículos no avalados -25, 38, 43, 48 y 65-.
En su presentación, el senador Varón Cotrino dio a conocer que el artículo 25 establece el ámbito de aplicación de todo lo que tiene que ver con la fabricación, comercialización y distribución de armas, a lo que se propuso incorporar a los extranjeros, lo que contraviene la norma constitucional. Continuó su explicación, comentando que el artículo 38 establece que para las armas no letales se deba regularizar en un término de seis meses y cuyo costo será del 3% del valor del salario mínimo, con una proposición de quien lo hiciera extemporáneo pagara un 4%, y dio a conocer que “vale la pena decir que en este caso lo que queremos es que las personas regularicen este tipo de armas y por eso el término se considera perentorio y no habría a extenderlo aumentando porcentualmente el costo para poder formalizar esas armas no letales”.
En cuanto al artículo 43, se solicitó eliminar los numerales 6, 7 y 9. El senador ponente explicó que este articulo habla de las circunstancias bajo las cuales quien no haya cancelado una multa podrá tener repercusiones, por lo cual se solicita aprobar solo los dos primeros numerales. Para el artículo 48 se propuso, “que para que la policía pueda acceder a las cámaras de vigilancia que han sido fundamentales para la lucha contra la inseguridad, deba haber una serie de pasos, pero sería ponerle trabas a una función que judicialmente pueden realizar, por lo que no compartimos esta solicitud y la dejamos como viene en la ponencia”, comentó el senador Varón Cotrino.
Por último, se propuso que los beneficios establecidos en el artículo 65 para los miembros de las fuerzas armadas también se puedan establecer para estudiantes, campesinos, una serie de grupos poblacionales vulnerados, “no comparto el de la fuerza pública porque son sistemas de transporte masivos que deben estar con un ingreso que permitan que funcionen”, concluyó el senador Germán Varón.
Paso seguido, la Plenaria del Senado votó el articulado con proposiciones avaladas -7, 8, 12, 14, 21, 25, 26, 34, 35, 36, 38, 43, 48, 59, 60, 61, 63 y 67-, así como el artículo nuevo, siendo aprobadas con 55 votos a favor y uno en contra.
Entre varios temas, el senador Rodrigo Lara comentó que “la legítima defensa ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano, cuando uno se defiende de manera proporcionada se justifica la comisión de un delito proporcional al daño o a la amenaza que se recibe.
Sin embargo, la legítima defensa privilegiada que se introduce hace que se presuma la legítima defensa cuando se ejerce para rechazar al extraño que usando maniobras supere la barrera de la propiedad; así como cuando mediante violencia ingreso o permanezco arbitrariamente en una habitación o dependencia inmediata; y cuando con violencia se penetra o se permanezca en propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”.
Una vez finalizadas las intervenciones, la plenaria aprobó los artículos 11, 15, 16 y 20 como vienen en la ponencia con 59 votos a favor y 4 en contra. De igual manera, fue aprobado por unanimidad el artículo 4 como viene en la ponencia.
Al finalizar la votación del querer de que esta iniciativa sea Ley, la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, celebró que este proyecto de ley pase a ser Ley de la República y afirmó que era necesario modificar estos códigos e incrementar las penas en los delitos.
En sesión extra fue aprobado el proyecto con informe de conciliación que dicta normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Prácticas criminales
El senador Iván Cepeda ha rechazado enfáticamente la ley y en su cuenta de Twitter señaló; “La llamada ley de ‘seguridad ciudadana’ que aprueba el uribismo en el Congreso es un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno.
