La semana pasada se tomó la decisión de cancelar la licitación para cambiar los operadores del servicio de salud de los afiliados al Magisterio. En lugar de eso, el Gobierno Nacional ha decidido extender los contratos de los operadores actuales por seis meses más.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que la decisión se tomó debido a la falta de pluralidad de oferentes, lo que impide una competencia justa. Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que se ha iniciado un plan para prorrogar los contratos de los prestadores de servicios de salud actuales y avanzar hacia un nuevo modelo de atención en salud para el Fomag.
Esta decisión ha vuelto a poner en tela de juicio la calidad del servicio de salud para los afiliados al Magisterio. Hernando Bayona, ex viceministro de Educación, explicó que el problema radica en la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar los recursos del Fomag.
“El fondo contrata a la Fiduprevisora para que administre los recursos, pero esta entidad no está especializada en estas funciones”, explicó Bayona. “Por eso, subcontrata a terceros para llevar a cabo estas tareas, pero tampoco ha logrado que los contratos sean eficientes”.
Estos problemas han llevado a que los afiliados al Magisterio hagan constantes reclamos sobre la calidad del servicio de salud. La decisión de prorrogar los contratos actuales por seis meses más es una medida temporal mientras se busca implementar un nuevo modelo de atención en salud para el Fomag.
Según Bayona, el problema radica en la forma en que se están contratando los servicios de salud para los maestros, lo cual ha generado una serie de complicaciones en el régimen especial de salud. Esto se puede observar en el hecho de que la cantidad de quejas en el sistema de salud del Magisterio es el doble en comparación con el régimen contributivo. Además, el costo de brindar atención a un paciente sería un 62% más alto en el régimen especial en comparación con el régimen contributivo, según afirmó el ex viceministro.
En relación a esto, Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, se refirió a la cancelación de la licitación. Según él, esta licitación tenía un valor aproximado de $13 billones, los cuales estaban destinados a la prestación de servicios de salud para los profesores. La licitación iba a ser realizada para contratar a los operadores y dividía al país en 10 zonas.
