Protestas frecuentes y manifestaciones de personal médico se han vuelto casi una constante en diversas subregiones, acompañadas por el gradual cierre de servicios médicos esenciales en Medellín y el Valle de Aburrá. Las EPS, sumidas en multimillonarias deudas, están al borde del colapso, lo que ha llevado a la extinción masiva de hospitales en Antioquia.
La conjunción de todos estos problemas está configurando el escenario más desalentador posible. La semana pasada, gremios y sindicatos hicieron un llamado desesperado a las autoridades y a la ciudadanía para que presten atención a la crítica situación de la salud en Antioquia y busquen soluciones.
Según Gonzalo Vélez, presidente de Asmedas, las deudas actuales de hospitales y clínicas en Antioquia superan los $800.000 millones. De los 113 hospitales públicos, 68 están al borde del colapso, abriéndose cada día prácticamente por milagro. Entre los más afectados se encuentran los hospitales de mayor complejidad, como el de Santa Fe de Antioquia, Caucasia y Yarumal, cuyo colapso podría desencadenar crisis regionales en el Occidente, Bajo Cauca y Norte de Antioquia.
El efecto dominó es inevitable, con despidos ya siendo una realidad, incluso en la capital antioqueña. El Hospital Alma Mater, antigua León XIII, sufrió un remezón hace dos semanas, despidiendo a 16 personas, incluyendo médicos generales y personal administrativo, sin previo aviso y en medio de reclamos de abusos.
Carlos Tomás Arévalo, presidente de Sintraipsu, señala que las EPS le deben al hospital $140.000 millones, y que si los directivos justifican despidos masivos, perjudicarán la atención a los pacientes, especialmente durante la temporada decembrina, cuando la presión sobre los servicios médicos, en particular los de urgencias, se intensifica.
Los pacientes son los más afectados, ya que el cierre progresivo de servicios médicos esenciales en Antioquia sigue siendo una seria señal de alarma. A pesar de los esfuerzos del Hospital Alma Mater por mantener operativo el servicio de Hospitalización de Pediatría, otros servicios materno-infantiles y pediátricos en Medellín y el Valle de Aburrá han cerrado, generando preocupación por la atención a maternas en todo el departamento.
Los cierres de servicios, justificados con diferentes argumentos, se deben, según el intensivista Juan Camilo Jaramillo, a una lógica perversa de rentabilidad, donde la salud materno-infantil es considerada un “mal negocio” para el sistema. Las agremiaciones advierten sobre el impacto social y económico del cierre de estos servicios en Antioquia.
A este panorama se suma la crisis de Savia Salud, cuyo futuro parece más una disputa política que una discusión técnica. El gobernador Aníbal Gaviria anunció que la Gobernación no capitalizará a Savia, mientras que los usuarios sufren para recibir atención en los 125 municipios.
La liquidación de Savia tendría consecuencias graves, como la crisis del Hospital Mental, donde el 80% de los pacientes pertenecen a Savia. Los trastornos mentales en Antioquia podrían agravarse, y las consecuencias serían impredecibles.
Victoria Jiménez, presidenta regional de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y Consultorios, advierte que se avecinan despidos masivos en hospitales y centros municipales en las próximas semanas, con mandatarios que prescinden de personal con experiencia para acomodar a sus cuotas políticas. Ejemplos de mal manejo político incluyen el caso del gerente del hospital de Andes, Carlos Arroyave, investigado por la Procuraduría por contratar a un politólogo para un cargo de asesoría en derecho médico.
