En una decisión que altera el rumbo fiscal del país, la Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional del Decreto 1390 de diciembre de 2025. Con una votación mayoritaria de 6 a 2, el alto tribunal frenó la medida de excepción con la que el presidente Gustavo Petro buscaba sortear el vacío financiero dejado tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
La determinación implica que, de manera inmediata, todos los impuestos adicionales y beneficios tributarios derivados de este decreto quedan sin efecto, dejando en el aire el recaudo con el que el Gobierno Nacional pretendía cubrir deudas estatales y programas sociales.
La decisión responde a una demanda radicada por el magistrado Carlos Camargo, la cual coincidía con las preocupaciones de diversos sectores y gremios.
Los argumentos principales que llevaron a la Corte a esta medida cautelar fueron, posibles irregularidades en la estructuración del decreto. Según gremios como Fenalco, la crisis invocada por el Gobierno no fue un hecho “repentino o imprevisto”, sino una consecuencia previsible de problemas estructurales, especialmente en el sistema de salud.
La Corte evaluó si realmente se agotaron las vías ordinarias antes de recurrir a facultades extraordinarias de emergencia.
