En un movimiento que combina estrategia jurídica y movilización popular, el presidente Gustavo Petro firmó este jueves un nuevo decreto para mantener en firme el salario mínimo de $2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte) para el año 2026. El acto, cargado de simbolismo, se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar tras una jornada de marchas en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores.
La firma del documento responde a una exigencia del Consejo de Estado, que puso en duda la vigencia del incremento del 23,7% decretado originalmente en diciembre de 2025. Según fuentes del Ejecutivo, este nuevo decreto tiene un carácter provisional para garantizar la continuidad jurídica del pago mientras se resuelve el fondo del proceso judicial.
Durante su alocución, el mandatario fue enfático en que esta cifra no es negociable, vinculándola con una meta a largo plazo, alcanzar un “salario vital” para el año 2027. Petro defendió que el ajuste de $2 millones no es solo una cifra contable, sino una herramienta para garantizar una “existencia digna” y el “mínimo vital” en los hogares colombianos.
“No echamos para atrás. El salario es el mismo que decretamos en diciembre. Estas manifestaciones no son por un billete, sino por lo que hay detrás: la posibilidad del trabajador de llevar lo indispensable a su hogar”, afirmó el Presidente.
Más allá de lo económico, Petro aprovechó el escenario para lanzar dardos hacia el proceso electoral del próximo 8 de marzo. El mandatario vinculó la transparencia de los comicios legislativos con el control de la infraestructura de datos.
En un pedido directo, solicitó a la firma Thomas Greg & Sons entregar la base de datos de pasaportes a la Imprenta Nacional, bajo el argumento de prevenir fraudes históricos en la conformación del Congreso. “En Colombia siempre hacen fraude en las elecciones del Congreso, pero ahora se define quién gobierna”, sentenció.
