Varios funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) son objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Esta investigación se centra en presuntas irregularidades en el rancho provisional del Establecimiento Penitenciario de Peñas Blancas, ubicado en Calarcá, Quindío.
La investigación, liderada por la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, busca determinar si existen responsabilidades por la deficiente infraestructura y condiciones del rancho.
Entre los funcionarios vinculados al proceso se encuentran María Constanza Mejía Contreras y Juan José Casas Franco, ambos subdirectores de Seguimiento de Infraestructura de la USPEC, así como Liliana Montenegri Rippe, quien también ejercía labores de supervisión, y Germán Adolfo Perdomo Pachón, representante legal del Consorcio Intercarcel ICL, la empresa interventora del proyecto.
Las denuncias sobre las condiciones del rancho incluyen la falta de presión de gas, lo que obliga a mantener las estufas encendidas durante la noche, la ausencia de sistemas de extracción de humo, la escasez de agua potable y el supuesto precario estado de los servicios sanitarios.
Se ha reportado, además, la existencia de cableado eléctrico expuesto en el suelo y el deterioro de la pintura en diversas zonas.
A través de esta investigación, la Procuraduría pretende verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si constituyen faltas disciplinarias por parte de los funcionarios y establecer si existió alguna causal que pueda eximirlos de responsabilidad.
La etapa actual del proceso incluye la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y tomar las decisiones que correspondan.
