Ludwing Joel Valero Sáenz, director general (e) de la Uspec, entregó un parte de tranquilidad sobre la alimentación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, la cual estará asegurada por la unidad hasta el 30 de junio del 2024.
El contexto
En entrevista con Transmisora Quindío, el directivo explicó que en materia de alimentación en centros de detención transitoria como URIs y estaciones de policía, la Corte Constitucional en sentencia de dignificación proferida el año anterior, estableció para los entes territoriales un periodo en el cual ellos deberían proceder a suministrar, entre otros, la alimentación a las personas privadas de la libertad que no tienen la calidad de condenados.
A raíz de dicha sentencia, la Procuraduría General de la Nación, puso en conocimiento que s ele debía dar cumplimiento. “Nosotros, en el entendido que tenemos contratada la alimentación, vigencia julio 31, comenzamos a decirle a alcaldes y gobernadores que debían empezar a programarse”, anotó el director.
El anuncio, que causó polémica y consternación en los mandatarios, sugirió encuentros y reuniones para evaluar el asunto, lo que llevó en coordinación con el ministro de Justicia a tomar la decisión de prorrogar los contratos actuales por tres meses.
Adicional a lo anterior, en el proceso de selección que debe iniciar en los próximos días, se incluirá durante un término prudencial que va hasta junio 30 del 2024, seguir contribuyendo a la alimentación, para que los alcaldes actuales, programan en los presupuestos que deben presentar a los concejos, unos valores medianamente razonables, que le permitan a los nuevos alcaldes llegar a asumir esa obligación.
Valero Sáenz sostuvo que es consciente de las dificultades presupuestales de los municipios, por lo que a través de las diferentes instancias se logre aclarar las competencias para este tema. También señaló que la Uspec no tiene un recurso de sobra para garantizar la alimentación, pero ha hecho lo posible para dar cumplimiento a la exigencia.
En total, la Uspec destina un promedio mensual de $8.500 millones para la alimentación de las personas privadas de la libertad en centros transitorios del país y un promedio anual de $90.000 millones.
