En un fallo histórico, el Consejo de Estado dictaminó que el Ejército Nacional deberá indemnizar a los familiares de José María Hoyos Sánchez y Noé Peña Navarro, quienes perdieron la vida el 16 de enero de 2009 durante un operativo militar en la vereda Navarco Alto, en Salento, Quindío. El objetivo del operativo, liderado por la Octava Brigada y el DAS, era la captura de presuntos extorsionistas que actuaban en nombre de la guerrilla de las FARC, según las denuncias de ganaderos locales.
El abogado de las víctimas, Javier Villegas Posada, argumentó que no existió ningún combate y que la operación militar fue un uso desmedido de la fuerza, resultando en una ejecución arbitraria e ilegal. Según su testimonio, los militares dispararon un total de 124 cartuchos, un número desproporcionado dado que las víctimas no representaban un peligro real y estaban en evidente estado de indefensión.
El Consejo de Estado coincidió con la postura del abogado, subrayando que el uso de la fuerza por parte del Ejército y del DAS fue excesivo e irracional. La sentencia determinó que, a pesar de la ventaja numérica y táctica de los militares, el operativo culminó con una violencia injustificada. Como resultado, el tribunal ordenó una compensación económica a las familias afectadas.
