José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, firmó una resolución que otorgaba el contrato de elaboración de pasaportes por un valor de $599.000 millones a la empresa Thomas Greg & Sons. Este desenlace pone fin a una controversia legal que se inició en septiembre de 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierto el proceso de licitación.
La decisión de Salazar de revocar el fallo de Leyva surge luego de que el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, suspendiera la semana pasada una nueva licitación por $416.000 millones y decidiera reasignar el proceso de pasaportes, así como los trámites administrativos, presupuestales y jurídicos, a la Secretaría General de la Cancillería.
Cabe recordar que Salazar estuvo a cargo de la licitación anterior, pero fue apartado por orden de Leyva, quien finalmente declaró desierto el proceso el 13 de septiembre de 2023, argumentando violaciones a la igualdad y equidad en la participación de los oferentes, dado que solo Thomas Greg llegó al final y cumplió con todos los requisitos.
La Procuraduría examinó estos motivos y suspendió a Leyva por tres meses como consecuencia. Sin embargo, la resolución 1394 de 2024, firmada por Salazar, revoca directamente la decisión de declarar desierto el proceso de licitación y otorga el contrato a Thomas Greg & Sons. Estas acciones de Salazar fueron objeto de fuertes críticas por parte del presidente Gustavo Petro, quien lo acusó de traición al conceder un contrato “corrupto” y lo destituyó de manera inmediata. Ante esto, Salazar respondió que si su actuación estaba en línea con la ley, estaría dispuesto a dejar su cargo con satisfacción.