La Corte Suprema de Justicia ha emitido una orden formal a la Fiscalía General de la Nación para iniciar una investigación penal contra el actual gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya. La medida se fundamenta en presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública durante su mandato.
Mediante el oficio 1381, con fecha del 2 de marzo de 2026, el presidente de la Sala Especial de Instrucción, Francisco Javier Farfán Molina, remitió una denuncia interpuesta por el ciudadano Diego Fernando Molina.
El documento señala que las acciones del mandatario podrían configurar tres delitos específicos contemplados en el Código Penal colombiano: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales (Art. 410). Interés indebido en la celebración de contratos (Art. 409). Peculado por apropiación (Art. 397).
Debido a su condición de aforado, el proceso debe ser conducido por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia competente para investigar a mandatarios departamentales.
Aunque el auto de la Corte no detalla aún los hechos fácticos exactos de esta nueva denuncia, el panorama judicial del departamento se ha visto sacudido recientemente por otras indagaciones. Entre ellas destaca el caso de Bryant Naranjo, exsecretario de Agricultura, quien es objeto de investigación tras la filtración de audios relacionados con presuntos acuerdos sobre contratos públicos.
En dichas grabaciones se mencionan proyectos como una unidad móvil inmobiliaria y la instalación de cámaras de seguridad. En la conversación, que involucra a un prestamista y menciona a un senador de la República, el nombre del gobernador Galvis Bedoya es citado de manera recurrente, lo que podría estar relacionado con la presión judicial que hoy enfrenta el mandatario.
