Ante la renuncia abrupta de Ángela María Buitrago, producto de denuncias vinculadas a influencias indebidas desde el Dapre y el Ministerio del Interior, el escenario en la jefatura de Justicia se reconfigura con la designación de Eduardo Montealegre. El exfiscal y abogado –cuyas credenciales incluyen especializaciones en derecho penal (Externado y Universidad de Bonn) y constitucional (Erlangen)–, asumirá la cartera tras haberse desempeñado como viceprocurador, fiscal y magistrado de la Corte Constitucional.
En declaraciones indirectas, Montealegre dejó entrever que la reciente decisión del Senado de modificar la iniciativa original –que reducía la consulta popular a 12 interrogantes– tuvo fallas constitucionales irreparables, lo que justifica que, mediante decreto presidencial, se convoque una consulta que ahora abarca 16 preguntas, distribuidas entre reformas en materia laboral y de salud, antes del 11 de junio. Esta estrategia forma parte de un controvertido plan del Gobierno Petro, en el que el exfiscal se ha destacado por su influencia en importantes decisiones jurídicas.
Asimismo, se ha informado que Montealegre ha consolidado una marcada relación con el Estado al haber recibido contratos que suman alrededor de $1.788 millones, entre ellos un acuerdo relevante con RTVC para conducir un proceso penal por injuria y otros convenios destinados a asesorías en materia constitucional y rediseño institucional. Por otro lado, su involucramiento en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez –donde se presenta como “presunta víctima”– ha generado controversia. Durante una audiencia en marzo, su postura fue objeto de reprimendas por parte de la jueza Sandra Liliana Heredia, mientras que, en comentarios indirectos, advirtió sobre la gravedad de la presunta manipulación de testimonios que, según él, configuran un delito en la administración de justicia.
