Doscientos cincuenta millones de pesos habría recibido el ex juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, José Henry Torres Mariño, por otorgarle el beneficio de detención domiciliaria a una persona procesada por narcotráfico.
En ese sentido, el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 5 años, además, deberá pagar una multa de 216 salarios mínimos legales mensuales vigente, y lo declaró responsable de los delitos de prevaricato por acción, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción obtuvo material de prueba que vincula al juez a diferentes maniobras ilícitas para lograr que la petición de una persona sentenciada por narcotráfico llegara a su despacho.
Inicialmente, en noviembre de 2015, alteró el sistema de la Judicatura para que el caso fuera asignado en Bogotá, cuando en realidad debía resolverse en Villavicencio. Posteriormente, pidió a los ingenieros del Centro de Servicios de Ejecución de Penas que le entregaran el proceso sin utilizar el mecanismo de reparto aleatorio
