La falta de conocimiento, de centros especializados y la ética médica ha impedido que 248 Interrupciones Voluntarias del Embarazo se puedan practicar en el Quindío.
Esta es una de las grandes conclusiones que dejó la investigación realizada en el departamento del diagnóstico de los derechos sexuales y reproductivos realizada entre el 2015 y el 2019.
Diana Castaño, coautora de la investigación y directora de Amar es más comparte algunas de las conclusiones del trabajo.
Expuso que las personas con capacidad de gestar no cuentan con un tratamiento especial, en el que muchas ocasiones han tenido que negar su identidad para poder ser atendidas.
Así mismo, la falta de atención en el Quindío ha hecho que las mujeres hayan tenido que desplazarse a Risaralda.
Las condiciones de salud mental son un argumento importante al igual que el proyecto de vida y la economía, para realizar una interrupción.
Laura Castro González, coordinadora de la mesa por la vida y la salud de las mujeres, destacó el retraso que tiene la región en la aplicación de la ley y entregó algunas recomendaciones para la efectividad de la misma.
Indicó que no se trata de un asunto de anticonceptivos como erróneamente se ha querido enmarcar por algunas autoridades como el presidente de la República, está argumentado en el deseo de ser mamá.
El principal reto es tener una implementación plena de la ley.
Entre otros datos destacados se encuentra la dificultad para que las personas sexualmente diversas puedan ser tratadas por su identidad sexual.
En cifras; en el 2015, Montenegro fue el municipio que mayor número de embarazos en adolescentes reportó en el país con un total de 431; en casos de violencia sexual, Génova es el municipio que entre el 2016 y 2017 tuvo el mayor incremento de casos en el que el 63.7 % fueron delitos contra menores de 14 años.
En general, el estudio reportó que la violencia sexual se evidencia en mayor medida en la cordillera.
La secretaria de Salud municipal, Lina María Gil Tovar, sostuvo que la ruta se garantiza, pero la ética médica en algunas circunstancias ha sido impedimento para el desarrollo de la actividad.
Sostuvo que todas las IPS tienen la capacidad y deben garantizar la ruta para realizar la interrupción, luego de que sea certificado que cuenta con una de las causales.
Las barreras que se han identificado, de acuerdo con la secretaria es que los médicos por ética manifiestan no querer participar de la actividad realizando el aborto.
Señaló que quienes encuentren una barrera en la interrupción pueden acercarse a la secretaría y dar a conocer la situación.
